ACTA Nº 132/99

 

JUNTA DEPARTAMENTAL DE FLORIDA

Presiden: SR. NOEL CLEVER CAPOBIANCO

                        Presidente

                

       SR. JUAN DESIDERIO MOREIRA

                        Primer Vice Presidente

12 de agosto de 1999                                           

-SESION EXTRAORDINARIA-

 

 

            En la ciudad de Florida, a los doce días del mes de agosto de mil novecientos noventa y nueve, se reúne en forma EXTRORDINARIA la Junta Departamental de Flori­da, bajo la Presidencia de los Sres. Noel Clever CAPO­BIANCO y Juan Desiderio MOREIRA, para considerar el ORDEN DEL DIA a las diecinueve horas y cuarenta minu­tos.-

 

            Con la presencia de los siguientes Sres. Ediles:

 

TITULARES: ARAUJO, Elbio; BERMUDEZ, Yamandú; BLANCO, Carlos; CABRERA, Mariní; FERREYRA, Edgardo; FRUTOS, Jorge; GARCIA, César; GUTIERREZ, Juan; LATORRE, Aridis; LA PAZ, Nelson D.; LINARES, Griselda; MARTINEZ, Gervasio; NOVO, César; OLIVA, Luis; PELUAGA, Enrique; PELUSSO, Mª del Carmen; PISTON, María T; RAVA, Oscar; RIVIEZZI, Eduardo y URTIAGA, Edgardo.-

 

SUPLENTES: ABELENDA, Antonio; ALVAREZ, Eduardo D.; CAETANO, Pablo; CHANQUET, Dumas; COSTA, Miguel; DELLA VENTURA, Amanda; DIAZ, Carlos; ERNAUT, Tomás; FOJO, Tomás; GALIANO, Miria; GUICHON, Javier; MARTINEZ USOZ, Carlos; MAZZA, Juan A.; MUÑOZ, Julio César; PATRON, Pablo; REY, Francisco; RODRIGUEZ ALBANO, Ramón; SANCHEZ, Mario; SERRA DALTO, Hugo; SCITTI, Nelly; TABERNE, Oscar y ZUBIRIA, Aurelia.-

 

FALTAS CON AVISO: MACHIN, María T.-

 

FALTAS SIN AVISO: ACEVEDO, Fernando; BENTANCOR, Eduardo; BORGARELLI, Héctor; CUELLO, Sonia; LOPEZ, Washington; TORENA, Luján; URCHITANO, Ruben y VELOZ, Juan.-

 

- ORDEN DEL DIA -

 

            SR. PRESIDENTE (SR. CLEVER CAPOBIANCO).- Buenas noches Sres. Ediles. Habiendo número damos comienzo a la sesión del día de la fecha donde se presentarán los Informes de la Comisión Investigadora.

            Antes que nada queremos decirles que el Sr. Asesor Letrado, les va a explicar cómo se desarrollará la sesión para que no haya dudas. Les pedimos a los Sres. Ediles que si tienen que hacer alguna pregunta lo hagan ahora, a los efectos de simplificar el trabajo.

            Se pasa a votar el pase a régimen de Comisión General para que haga uso de la palabra el Sr. Asesor Letrado.-

            SE VOTA.-

            AFIRMATIVA - MAYORIA (31 en 31).-

 

            SR. ASESOR LETRADO.- En primer lugar, en la Comisión Investigadora hubieron tres informes, a los cuales se le dará preferencia para informar y se leerán los informes correspondientes que se realizaron. Posteriormente los Sres. Ediles tendrán el uso de la palabra, como corresponde en cualquier sesión, durante 10 minutos cada uno y los informantes podrán tener hasta 30 minutos. Podrán hacer uso de la palabra más de una vez en caso de aclaraciones, comentarios o alusiones.

 

 

            SR. PRESIDENTE.- ¿Esos 30 minutosson corridos o se pueden cortar?

 

            SR. ASESOR LETRADO.- Preferentemente corridos, porque es el hecho del desarrollo del razonamiento, de la expresión y de la exposición. Si alguien opta por otro sistema, la Mesa tratará de computar los minutos de cada Edil.

            En caso de Comisión General, preferiría una sola interrupción en el sentido de evitar mayores discusiones del punto de vista de lo que significan los elementos jurídicos en el caso.-

 

            SR. PRESIDENTE.- Tiene la palabra el Sr. Edil RIVIEZZI.-

 

            SR. RIVIEZZI.- Con respecto a la Comisión Investigadora, si mal no recuerdo el Reglamento dice que cada informe se debe tratar tema por tema, entonces pienso que el debate también se debe tratar tema por tema; si no estaríamos haciendo un debate de una diversidad de temas muy importantes y eso dificultaría en mucho lo que es el espíritu del Reglamento.-

 

            SR. ASESOR LETRADO.- Eso lo dispondrá la Junta, si entiende que no está agotado un tema se pondrá a votación. Eso es posible.-

 

            SR. RIVIEZZI.- Tengo claro lo que dice el Asesor Letrado. Pienso que para un mejor funcionamiento es correcto que se lean todos los informes para tener un panorama general de todos los temas; pero luego en las intervenciones de los distintos Ediles, creo que hay que ir tema por tema e irlos dilucidando uno por uno, aunque nos lleve más tiempo pero creo que va a ser más claro para todos.-

 

            SR. ASESOR LETRADO.- No quiero poner obstáculos en la discusión, pero si son seis o siete temas y se le va a dar diez minutos a cada edil por tema, estamos hablando de una extensión horaria importante. Eso no significa restarle importancia, los informes ya están estructurados tema por tema. Lo digo no como una prevención sino por un asunto que se puede dar por la extensión horaria que puede ocupar cada Edil sobre cada tema o sobre cada caso, puede dar lugar a que queden asuntos sin tratar, eso se puede dar. Pienso -a título de sugerencia-, que los Ediles debe de tratar de sintetizar el pensamiento en cada tema para lograr que todos los Ediles puedan hablar y de una sesión se pueda sacar el mejor fruto posible en cuanto a resoluciones.-

 

            SR. PRESIDENTE.- Se pasa a votar el levantamiento del régimen de Comisión General.-

            SE VOTA.-

            AFIRMATIVA - UNANIMIDAD (31 en 31).-

 

            SR. PRESIDENTE.- Tiene la palabra el Sr. Edil Duman LA PAZ.-

 

            SR. LA PAZ.- ¿Qué metodología de trabajo se va a seguir?

 

            SR. PRESIDENTE.- Primeramente los miembros informantes van a leer cada informe y luego se comenzará con el debate.

            Tiene la palabra el Sr. Edil ARAUJO, por una cuestión de orden.-

 

            SR. ARAUJO.- Nosotros tenemos delante nuestro -como lo tienen todos los Ediles-, los tres informes que hicieron tres partidos. El partido de gobierno hace un informe de alrededor de 60 páginas de caso por caso muy bien detallados y estructurados de acuerdo a su manera de ver cada caso.

Por ejemplo, el caso Vega consta de nueve hojas; el caso Leonardi consta de doce hojas y así sucesivamente; cada caso -como dijo el Asesor Letrado-, es muy extenso.

            Los Sres. Ediles del Frente Amplio también hicieron un informe detallado, más conciso que el anterior.

            Luego tenemos el informe del Sr. Edil Edgardo Ferreyra, que también es muy conciso pero se refiere a todos los temas.

            Con el convencimiento de que este es un caso que ha tomado estado público, que sabe más la prensa de lo que sabemos nosotros, lo que nos asombra -ya que esta era una Comisión Investigadora y se supone que lo que allí se trata es secreto-, es que en varias oportunidades salió en la prensa local, muchos de los temas que se supone se trataron en la Comisión.

            Lo que quiero argumentar, es que este es un tema muy extenso y complejo pero si cada Edil se limita al reglamento, o sea a hacer uso de la palabra durante diez minutos y los miembros informantes treinta minutos, teniendo en cuenta que dentro del Partido Nacional no hay ningún miembro informante -por razones que ellos explicarán- para referirse al tema, nosotros estaríamos en condición de inferioridad, más aún aquellos que    -como nosotros-, en la noche de ayer, recién tomamos contacto con el tema. Tanto es así que solamente tuvimos tiempo para estudiar y hacer anotaciones de dos de los informes, el del partido de gobierno por ser muy extenso no pudimos llegar a la mitad. Es decir, que no conocemos muy bien el tema y este es un tema donde está comprendido el honor y el buen nombre de mucha gente, especialmente de los jerarcas de gobierno. Y como nosotros entendemos que la Junta tiene como obligación prioritaria y fundamental de controlar y verificar que lo que se haga en el Poder Ejecutivo sea lo normal -entiendo yo que el Sr. Amaro no ha hecho nada deshonesto, vamos a aclararlo por si hay algún mal pensado que cree que vengo con una palabra subjetiva; no es así-, no desconfío de la honestidad del Sr. Amaro, quiero que eso quede claro.

             Le voy a solicitar a los compañeros de los distintos partidos que nos acompañen  en la moción de orden que se refiere concretamente a declarar el tema en régimen de debate libre. Le solicitamos a los compañeros que cuando vayan a intervenir por segunda vez sobre el tema, lo hagan de la forma más breve posible ya que si cada Sr. Edil interviene de esa manera, puede darse hasta tres intervenciones, pero es indudable que van a haber muchos compañeros Ediles que van a quedar sin poder intervenir. No sería justo de esa manera el tratamiento, pero como creemos y estamos seguros que la Bancada del partido de gobierno no tiene nada que ocultar, creemos que lo más justo es para que este tema quede dilucidado ante la opinión pública y bien claro (ese es nuestro objetivo), y para eso como cuestión de orden propongo que el tema se debata libremente.-

 

 

            SR. PRESIDENTE.- Tiene la palabra el Sr. Edil Luis OLIVA.-

 

            SR. OLIVA.- Solicito un cuarto intermedio de diez minutos.-

 

            SR. PRESIDENTE.- Pasamos a votar la solicitud de cuarto intermedio de diez minutos.-

            SE VOTA.-

            AFIRMATIVA - UNANIMIDAD (29 en 29).-

 

(SE CUMPLE)

 

(VUELTOS A SALA)

 

            SR. PRESIDENTE.- Habiendo número se levanta el cuarto intermedio. Por Secretaría daremos lectura a una moción llegada a la Mesa.-

 

            SR. SECRETARIO GENERAL (Lee): "Respecto al sistema de trabajo a seguir:

1) Lectura por orden de presentación de los informes.

2)  Priorizar a los miembros informantes para que puedan manejar sus intervenciones con laxitud.

3) Los demás Ediles se manejarán en las condiciones habituales de exposiciones.

            Firman los Sres. Ediles Urtiaga y Moreira".-

 

            SR. PRESIDENTE.- Tiene la palabra el Sr. Edil Elbio ARAUJO.-

 

            SR. ARAUJO.- De acuerdo a esa moción nosotros (los integrantes del Partido Nacional) que no tenemos informe tenemos derecho a hablar y a referirnos al tema durante diez minutos.

            Me siento en inferioridad de condiciones respecto al resto de los compañeros que integraron la comisión porque van a tener treinta minutos, donde tienen varios compañeros que seguramente han tenido más tiempo que yo y han estudiado el tema con más profundidad que yo. Entendemos que si durante muchos años hemos hablado de cristalinidad y honorabilidad, no vemos cuál es el problema por parte de los Ediles que presentaron esa moción, en no aceptar que el tema se declare en régimen de debate libre.

            Creemos que no existe inconveniente, porque de acuerdo a lo que entendí respecto de la moción presentada, ¿podríamos referirnos a cada uno de los informes y cada uno de los temas; es así Sr. Presidente?.

            Solicitaría a algunos de los Ediles firmantes me aclaren respecto del tema, cuál es el objetivo y el método para llevarlo a la práctica.-

 

            SR. PRESIDENTE.- Dicha moción la pondremos a vota­ción, pero le concederé la palabra al Sr. Edil URTIAGA para que realice la aclaración.-

 

            SR. URTIAGA.- Le voy a cambiar la pregunta al Sr. Edil ARAUJO, quiero saber por qué causa el Partido Nacional está en inferioridad de condiciones, siendo que el Partido Nacional integró la Comisión Investigadora, tuvo todo el tiempo para estudiar el tema y producir un informe. Me llama la atención que lo diga ahora, a dos meses de comenzada la investigadora, la verdad es que no me cierra. Si él me lo puede explicar se lo agradezco.-

 

            SR. PRESIDENTE.- Tiene la palabra el Sr. Edil Elbio ARAUJO.-

 

            SR. ARAUJO.- Yo ya anuncié que no integré la Comi­sión, algunos de los compañeros que la integraron, van a hacer la aclaración que solicita el Sr. Edil, por lo tanto me siento inhibido de darle las explicaciones.

            Lo que sí no entiendo cuál es el objetivo, cuál es la contra de declararlo debate libre por parte de quienes se han jactado durante todo este período tener una línea de conducta de acuerdo a la norma. No discuto que sea así pero este tema que ha tomado estado público, es un tema que lo sabe la opinión pública por infidencia de integrantes de la comisión que no sé quiénes son, no estoy acusando a nadie. Entonces si realmente queremos que la opinión pública conozca al detalle todos los temas, de todo lo que se dijo, la mejor manera que nosotros entendemos es que se declare debate libre. Pero si así no fuese, voy a solicitar que la moción de declarar el debate libre, sea votada en forma nominal.-

 

 

            SR. PRESIDENTE.- Tiene la palabra el Sr. Edil Duman LA PAZ.-

 

            SR. LA PAZ.- Vamos a contestar las interrogantes que tiene el Edil Araújo; decimos que en cuanto a la honorabilidad y la transparencia de nuestro partido, no admitimos ninguna duda. También decimos que el informe de la Comisión Investigadora fue público, estuvo al alcance de todo el mundo desde hace varios días. Y también decimos que tuvimos especial consideración con el Partido Nacional para que tuviera más días inclusive para leer los informes. Este tema se está haciendo muy largo, lo conoce todo el mundo, lo ha manejado todo el mundo, no podemos estar tres días en esta Junta discutiendo un tema que todos manejan. Todos los Ediles y las personas que quieran, tienen la posibilidad de manejar este tema a través de los medios todas las veces que sea necesario y por todo el tiempo que sea necesario, que no se nos diga a nosotros que estamos coartando la libertad de nadie para expresarse, todo el mundo lo podrá hacer. Con el régimen de debate común que tiene la Junta los Ediles tienen veinte minutos cada uno para expedirse sobre el tema. No es responsabilidad del Partido Colorado que la Bancada del Partido Nacional no tenga hoy un informe, no somos nosotros los responsables de esa situación. Por lo tanto, en el bien entendido de que algún día tenemos que terminar con esto, en el bien entendido de que hay un hartazgo en la opinión pública y la gente, es que queremos que el debate sea ágil, rápido porque consideramos que un Edil con veinte minutos tiene tiempo suficiente para expresar lo que opina sobre el tema, no creo que necesite más tiempo, porque de lo contrario, entremos en la demagogia que es lo que no queremos.-

 

            SR. PRESIDENTE.- Tiene la palabra el Sr. Edil Yamandú BERMUDEZ.-

 

            SR. BERMUDEZ.- Gracias Sr. Presidente. Nosotros compartimos la propuesta de debate libre porque ente­ndemos que justamente en un tema de estas caracterís­ticas, es donde debe darse la mayor amplitud y flexibilidad a los integrantes del plenario a los efectos de dar un mensaje claro hacia afuera, respecto de que este tema ha sido bien discutido. En la medida que se están juzgando situaciones que han comprometido, han dañado la imagen de algunos integrantes de los cuadros políticos de la Intendencia, creemos que justamente es en esta instancia que debe darse la mayor posibilidad de opiniones para dar una imagen clara hacia afuera, que la Junta ha debatido en profundidad y con responsabilidad este tema. Creemos que es de justicia que la moción de declarar debate libre, sea votada por todos los integrantes de este Cuerpo.-

 

            SR. PRESIDENTE.- Tiene la palabra el Sr. Edil César GARCIA.-

 

            SR. GARCIA.- Gracias Sr. Presidente. Nosotros lo que queremos acotar referente a esta moción -luego de escuchar atentamente las palabras del compañero Edil La Paz-, es que nosotros quedamos un poco en inferioridad al no haber podido presentar el informe en el tiempo correspondiente. Lo que sí quiero remarcar, es que hubo voluntad del Partido Nacional en presentar el informe y que lo hicimos pidiendo plazo a la Comisión Investigadora por nota firmada que no fue entregada por el Sr. Secretario habiendo recibido la misma. El Partido Nacional pidió plazo y fueron los propios Ediles del partido Colorado que nos negaron el mismo y dijeron que no, que a esto había que terminarlo, cuando vimos que la realidad fue que el expediente durante un mes después estuvo para darse vista y que ese plazo podía haber sido ocupado estirándolo unos días más. Nosotros no pedíamos un plazo que no fuera nada de lo común ni nada por el estilo, simplemente queríamos que se nos diera plazo hasta que llegara el expediente de la Intendencia Municipal, lo cual llegó justo cuando expiraba el plazo de la Comisión Investigadora, sin que se nos hubiera permitido por lo menos una o dos semanas, como pedíamos nosotros, para poder elaborar el informe. En eso discrepo, y fue la realidad porque el Partido Nacional presentó una nota firmada por quien habla y no nos fue extendido el plazo correspondiente.....

 

            SR. PRESIDENTE.- Sr. Edil, Le solicita una inte­rrupción el Sr. Edil Duman LA PAZ.-

 

            SR. GARCIA.- Con mucho gusto se la concedo.-

 

            SR. PRESIDENTE.- Puede interrumpir el Sr. Edil Duman LA PAZ.-

 

            SR. LA PAZ.- Gracias Sr. Presidente, gracias Sr. Edil. Simplemente quiero decirle que el plenario de la Junta Departamental había establecido un plazo tope para presentar los informes, no fue el Partido Colorado, fue la Junta Departamental de Florida fue la que dijo que tal día vencía el plazo para presentar los informes, no fue el Partido Colorado. No hubo prórroga de plazo porque no había plenario, por lo tanto, el Partido Colorado lo único que hizo fue cumplir un mandato del plenario de la Junta Departamental de Florida que había fijado un día para presentar los informes. No tenemos ningún ánimo de coartar la libertad de expresión de nadie, que quede claro eso.

            Gracias Sr. Presidente, gracias Sr. Edil.-

 

            SR. PRESIDENTE.- Tiene la palabra el Sr. Edil Edgardo FERREYRA, por una cuestión de orden.-

 

            SR. FERREYRA.- Gracias Sr. Presidente. Simplemente Sr. Presidente, es una sesión donde se está demostrando una gran voluntad para agilizar el tema, pero llevamos cuarenta minutos y no hemos podido iniciarlo. Además, yo voy a solicitar como cuestión de orden Sr. Presidente, que cuando se pidan cuartos intermedios se manifieste el tiempo y se cumpla el tiempo. No es posible que se soliciten cinco minutos y sean quince minutos, si nos dicen que es por media hora será por media hora, si es por tres horas será por tres horas, digo simplemente que se cumpla el reglamento. El que formule el pedido de cuarto intermedio que diga el tiempo y nos ajustaremos al mismo.

            En la misma circunstancia que señalaba al comienzo, no hizo la precisión correcta el Edil La Paz. Yo entiendo la posición del Sr. Edil García cuando pide el plazo, pero no es competencia del la Comisión Investigadora extenderlo, podía haber solicitado una sesión extraordinaria del Cuerpo para tratar ese tema, yo se lo hubiera votado sin ningún tipo de vacilación, no se votó y la Comisión Investigadora no tiene facultad ninguna para extender el plazo. Con respecto a otra manifestación de infidencia, yo digo que a partir de que se conocieron los informes, esos informes tienen estado público y cada cual pudo manejarlos como se les ocurrió. Simplemente deseaba realizar estas precisiones y terminó acá para ver si empezamos el debate.

            Muchas gracias Sr. Presidente.-

 

            SR. PRESIDENTE.- Continúa con el uso de la palabra el Sr. Edil César GARCIA.-

 

            SR. GARCIA.- Gracias Sr. Presidente. Era para pedirle a la Mesa, en nombre de la Bancada del Partido Nacional, que antes de que se comience con la lectura de los informes, que se lean las consideraciones finales del expediente que vino de la Intendencia con el informe de los abogados que son el folio 914 y 915.

            Muchas gracias Sr. Presidente.-

 

            SR. PRESIDENTE.- Vamos pasar a votar para que la moción del Sr. Edil Araújo sea votada en forma nominal. Tiene la palabra el Sr. Edil ARAUJO para una aclara­ción.-

 

            SR. PRESIDENTE.- Vamos a votar para que la moción se vote en forma nominal.-

            SE VOTA.-

            AFIRMATIVA - MAYORIA (24 en 31).-

 

            SR. PRESIDENTE.- Por Secretaría vamos aclarar el procedimiento a seguir.-

 

            SR. SECRETARIO GENERAL.- El procedimiento que vamos a seguir es así. El Sr. Edil ARAUJO pide: 1º.- Que se vote debate libre, pero que la votación se realice en forma nominal, por 24 en 31 salió que fuera nominal. Ahora pasamos a saber los señores Ediles que estén de acuerdo o que no para que el debate sea libre, y después se pasaría a votar en el caso de que la misma no tuviera los votos, la otra moción que hay en la Mesa que es el otro sistema de trabajo que se propone.-

 

            SR. PRESIDENTE.- Tiene la palabra el Sr. Edil Luis OLIVA.-

 

            SR. OLIVA.- Gracias Sr. Presidente. Hay algo que a mí no me cierra. El Edil Araújo hace el petitorio en forma verbal de dos cosas, está bien que sea no­minal.....

 

 

            SR. PRESIDENTE.- Hay una moción en la Mesa Sr. Edil.-

 

            SR. OLIVA.- ¿Qué moción llegó primero a la Mesa? ¿Cual es el orden de trabajo?

 

            SR. SECRETARIO GENERAL.- El Sr. Edil Araújo hizo una moción de orden en forma verbal que ya se iba a votar, vino el cuarto intermedio y era la que se iba a votar y no se votó enseguida, después llegó esta otra.-

 

            SR. PRESIDENTE.- Se tomará votación nominal por parte de Secretaría para que el tema se declare debate libre.-

 

            SR. SECRETARIO GENERAL.- Se toma la votación nomi­nal.-

 

            POR LA AFIRMATIVA:                      POR LA NEGATIVA:

            Sr. Edil RIVIEZZI                                   Sr. Edil REY 

            Sra Edila CABRERA                             Sr. Edil PATRON

            Sr. Edil BERMUDEZ                              Sr. Edil SERRA

            Sr. Edil FERREYRA                               Sra. Edila ZUBIRIA 

            Sr. Edil GUICHON                                 Sr. Edil FRUTOS

            Sr. Edil PELUAGA                                Sr. Edil ERNAUT

            Sr. Edil RAVA                                       Sra. Edila PELUSO

            Sr. Edil SANCHEZ                                 Sr. Edil OLIVA

            Sr. Edil MAZZA                                     Sr. Edil CAETANO 

            Sr. Edil NOVO                                      Sr. Edil MUÑOZ

            Sr. Edil LATORRE                                Sr. Edil FOJO

            Sra. Edila SCITTI                                 Sra. Edila GALIANO

            Sr. Edil GUTIERREZ                              Sr. Edil URTIAGA

            Sr. Edil ARAUJO                                  Sr. Edil MOREIRA

            Sr. Edil GARCIA                                   Sr. Edil LA PAZ

                                                                        Sr. Presidente

 

            SR. PRESIDENTE.- El resultado de la votación nominal fue el siguiente:

            NEGATIVA - MINORIA (15 en 31).-

 

            SR. PRESIDENTE.- Por Secretaría le vamos a dar lectura a la moción que hay en la Mesa.-

 

            SR. SECRETARIO GENERAL .- Lee: "En el sistema de trabajo: 1º.- Lectura por orden de presentación de los informes. 2º.- Priorizar a los miembros informantes para que puedan manejar sus intervenciones con laxitud. 3º.- Los demás Ediles se manejarán con las condiciones habituales de exposiciones".-

 

            SR. PRESIDENTE.- Se está votando. Por la afirmativa.-

            SE VOTA.-

            AFIRMATIVA - MAYORIA (18 en 31).- 

 

            SR. PRESIDENTE.- El Sr. Edil Edgardo FERREYRA dará lectura al informe de la Comisión Investigadora presen­tado por el Nuevo Espacio.-

 

 

            SR. FERREYRA.- Deseo realizar una precisión antes de comenzar a dar lectura al informe. Nosotros simple­mente nos limitamos al tema de la licitación como se desprende del mismo. Ello obedeció a que a nuestro juicio le faltó un par de sesiones más a la Comisión Investigadora; habíamos establecido un régimen de sesio­nes de lunes y jueves y el jueves previo al vencimiento del plazo que se había establecido para presentar los informes, la comisión no se reunió -yo asistí a la Junta convencido de que estaba convocada porque así se había establecido desde el punto de vista de la sesión extraordinaria-, pero como esto no ocurrió, el tiempo simplemente nos dio para realizar el informe que a continuación vamos a leer.

EXPEDIENTE  Nº 6477/96. Licitación Pública 001/96. Resolución No.6328 de fecha 7/6/96.

En el documento de descargos presentado por el Director de Vialidad de la Intendencia Municipal de Florida, Joaquín Salazar, en el proceso sumarial que le sigue la administración, en la página seis apartado 2) se hace referencia al proceso licitatorio a que hacemos referencia, denunciando  irregularidades en la mencionada licitación.

Del análisis que hacemos del referido Expediente No.6477/96, licitación 001/96, nos parece relevante formular las siguientes consideraciones:

a):  Por sugerencia del Director del Dpto.de Talleres y Depósitos  señor Raúl Vega se sugiere al señor Asesor Jurídico de la Intendencia Dr. Luis Edgardo Silva, la venta de maquinaria vial "que por su uso y desgaste no admiten una reparación que se estime ventajosa para esta Intendencia Municipal". Se incluye en la sugerencia en cuestión la nómina, detalladamente, de las  siete máquinas: 2 Traxcavator 955, 1 Pala 920 desarmada, 1 Retoexcavadora Internacional, 1 Retroexcavadora J.V.C., 1 Motoniveladora Caterpillar No.19 y un Bulldozer D4D.

            Si me permiten a modo de consideración solamente porque parecería que lo que corresponde es la lectura exclusiva, pero me ha llamado poderosamente la atención el encabezamiento que tiene este expediente: que del Director de Talleres y Depósitos pase a un asesor de la Intendencia, yo creía que el procedimiento debía de ser totalmente diferente: que cualquier funcionario debía dirigirlo al Intendente y éste es quien deriva hacia las respectivas comisiones lo que se solicita. Es como ocurre aquí en la Junta: estaría bueno que los Ediles dirigiéramos las cosas a nuestro libre albedrío, nos debemos de dirigir al Sr. Presidente de la Junta y éste lo deriva o le da el trámite que corresponda.

b). Tras los trámites de rigor se pone en marcha la  Licitación Pública 001/96 y a fojas  9, 10, 11, 12 y 13  luce el Pliego de Condiciones Particulares que Regirá El Llamado a Licitación Pública.

c) A fojas 14 aparece la resolución del señor Intendente Municipal efectivizando el llamado a licitación, y en fojas siguientes aparecen  todos los requisitos que exige una licitación pública, como así también las invitaciones a empresas que puedan interesarse en la oferta de maquinaria vial.

d) De importancia nos parece recoger del Pliego de Condiciones la maquinaria en venta y la forma de pago..

En lo que respecta a la maquinaria ofrecida, es la siguiente: 1 Traxcavator 955; 1 Pala 920 desarmada; 1 retroexcavadora Internacional; 1 Retroexcavadora J.V.C., 1 Motoniveladora Caterpillar No.19 y 1 Bulldozer D4D.

            Yo sé que es difícil retener todas estas cosas pero me parece que ésto es de vital importancia porque más adelante, vamos a poder apreciar que todas estas cosas fueron totalmente cambiadas o por lo menos en gran medida cambiadas.

En cuanto al precio, transcribimos  textualmente lo siguiente "Artículo Sexto. (Precio) Los oferentes cotizarán un precio de contado por la cantidad de los bienes licitados en moneda nacional y estableciéndose si se incluye el Impuesto al Valor Agregado o no. También cotizará precios con financiación de 30 días, 60 días y 90 días, plazo fijo o cuotas".

e) A fojas  44, de fecha 16/7/96 del expediente que analizamos, consta que no se presentaron ofertas.

f): a fojas 46, de fecha 2/10/96 se pasa a Oficina Jurídica  Municipal  a fin de  indicar procedimiento a seguir para realizar la venta de maquinaria vial en desuso, de la licitación fracasada.

g) Con fecha 11/1096 y a fojas 47 Jurídica responde: "1) Puede realizarse remate de las mismas. 2 Puede también procederse a la venta directa, de acuerdo a lo establecido por el Art.33, numeral 3 del TOCAF.

h) A fojas 48, de fecha 15/10/96, Oficio 229/96, el Director de Talleres y Depósitos señor Raúl Vega, da cuenta de una propuesta de la firma Dolisur S.A. "Sobre interés en la adquisición de Maquinaria Vial ofrecida a través de Licitación Pública 001/96 a cambio de Repuestos que surgen de dicha propuesta...".

            Acá se advierte claramente que el proceso licitatorio no se cerró sino que en el mismo expediente va a seguir todo el proceso hacia adelante, lo que para nosotros supone una notoria irregularidad.

Consideraciones

Hasta el folio 47, el procedimiento licitatorio no nos merece cuestionamientos y lo encontramos ajustado a derecho, contemplando las  exigencias formales que son de rigor en estos casos..

A partir del folio antes mencionado, el proceso licitatorio entra, a juicio nuestro, en un verdadero fárrago de irregularidades. Entre otras irregularidades señalamos las siguientes:

1)  Hubo un  absoluto incumplimiento con la normativa adoptada, venta directa, al no ceñirse a lo que muy claramente establece el art.33 numeral 3 del TOCAF y me voy a permitir leerlo porque así los Sres. Ediles pueden seguir con mayor precisión lo que dice el artículo. Es muy breve, por eso nos llama la atención que pueda haber habido errores.

            Dice el inciso a que hacemos referencia: "Cuando la licitación pública abreviada a remate resultare desierto o no se presentaren ofertas válidas o admisibles o que las mismas sean manifiestamente inconvenientes -que es lo que ocurre-, la contratación deberá hacerse con bases y especificaciones idénticas a las del procedimiento fracasado y en su caso, con invitación a los oferentes originales además de los que estime necesario la administración. Absolutamente nada de ésto se va a cumplir de aquí en más.

O sea que hubo un absoluto incumplimiento con la norma del artículo 33 del TOCAF.         

 A vía de ejemplo y como se desprende de la maquinaria ofrecida en el Pliego, en la operación definitiva , folio 61, la misma fue modificada: 2 Traxcavator Caterpillar No.955 L, 1 Cargadora de ruedas -acá empieza a variar, si ustedes pudieran memorizar o retener, se van a dar cuenta de que empieza a cambiar toda la oferta inicial, o gran parte de ella-, CAt.920 desarmado; 1 Motoniveladora Caterpillar 120 desarmada, 1 Tractor  Caterpillar D4D y 1 motor Caterpillar 3304 con carcasa de convertidor. También  la venta no se ajustó a lo establecido  en el Art. Sexto (Precio) realizándose una permuta por repuestos y no por dinero en efectivo, por mas que los repuestos hayan sido cotizados en dinero. Otro apartamiento del art.33 num.3 del TOCAF es que no se participó a las  otras firmas invitadas  a los efectos de formular propuestas en las nuevas reglas establecidas, con lo cual se vulneró  el principio fundamental de todo proceso licitatorio, que no es otro que el de recibir la mayor cantidad de propuestas posibles  y de esa manera defender los intereses financieros de la comuna.

2):  No parece del mayor interés precisar que la venta se realizó pese a la observación, aunque parcial y escueta, de la Contadora Municipal Delegada del tribunal de Cuentas , Cdora.Marisa León (folio 63 de fecha 21/4/97), como así también del Tribunal de Cuentas, por no ajustarse al Art.33 num.3 del TOCAF, observación que fue confirmada, en dos oportunidades, por el Tribunal de Cuentas, como surge  de los folios 66 y 70 (en este último repetido en el folio 71 aunque sin firma de los miembros del Tribunal Ctdor. Guillermo Ramírez y Esc. Elizabeth Castro, aunque sí con el correspondiente trámite de ingreso).

            Es una de las cosas que no entendí del Legajo que integra todo este trámite.

Entendemos que el apartamiento a lo claramente preceptuado por el Art.33 num.3 del TOCAF, constituye un factor inhabilitatorio de todo el proceso a partir del folio 48 y la consiguiente venta de la maquinaria. Sin ánimo de  juzgamientos de mala fe en el procedimiento, es notorio que la forma de actuar favorecía cualquier tipo de maniobras perjudiciales para la Intendencia y la honorabilidad de la administración.

            Quiero dejar bien claro que no estoy hablando de ninguna maniobra ni de nada que se le parezca, digo que el clima o el ámbito que se creó era proclive para cualquier tipo de situaciones como lamentablemente después se confirmó.

 

Graves omisiones

Otra consideración a subrayar surge del hecho de que  la falta del  reverso  del folio 51 del Expediente  6477, no es cosa menor habida cuenta de que  se trata de un  documento clave para la consideración del mismo,  pues allí  aparece  en el operativo de venta  que se trata de  2 Traxcavator Caterpillar Mod.955, en lugar de uno como lo establecía el llamado a licitación. También en dicho folio 51 y como lo denuncia el Dr. Artigas  Lacassy  en su testimonio por ante esta Comisión Investigadora,  en su deposición de fecha  10 de mayo, dice:" Eso está clarísimo, no se necesita ser perito para darse cuenta que hay un número corregido; en las cantidades nosotros decíamos un traxcavator y hay un dos arriba. No hubo un cambio de  criterio de la Comisión, (se refiere a la Comisión de Adjudicaciones), no me compete a mí la investigación. Lo que digo es que como simple observador de un documento- que además los manejo todos los días por mi profesión-, me doy cuenta de que hay una corrección en el expediente".

            Esto es bastante grave y delicado tanto más cuando lo dice uno de los miembros integrantes de la Comisión de Adjudicaciones, que es una persona ducha en estas cuestiones y de profesión abogado.

   Hay dos documentos similares pero que difieren en cuanto a la cantidad de  los Traxcavator, lo que, sin duda, se trata de un hecho grave, de adulteración de un documento público.

Podríamos extendernos en otras consideraciones o profundizar en las que aquí exponemos respecto al expediente No. 6477, como, por ejemplo, el estado real de la maquinaria y el grado de deterioro que experimentó en apenas unos meses y que  fue lo que determinó que el precio fuera  sensiblemente menor y por consiguiente, menor el número de repuestos que en canje ofreció la firma Dolisur.

Tenemos otras dudas respecto a todo este proceso, pero como no llegamos a conclusiones contundentes, que permitan afirmaciones acordes, dejamos margen para considerarlas cuando el tema se trate en el Plenario de la Junta Departamental de Florida.

            Hasta aquí nuestro informe sobre este tema.

Muchas gracias.-

 

 

            SR. PRESIDENTE.- Tiene la palabra el Sr. Edil Eduardo RIVIEZZI.-

 

            SR. RIVIEZZI.- Gracias Sr. Presidente. Antes de leer el informe quiero hacer una aclaración al Plenario -que ya anticipamos a la Mesa-, por un error de admi­nistración en el distribuido que tienen los Sres. Ediles con el informe del Frente Amplio, hay algunas frases que no concuerdan con el informe entregado a la Comisión Investigadora. Comprendemos que no hubo mala intención, pero nosotros vamos a leer el informe que se hizo llegar a la Comisión y no el que figura en el distribuido.

            También aclaramos que nosotros después vamos a intervenir y explicar las razones por las que llegamos a estas conclusiones y a este informe. Reitero, esto es simplemente la lectura de lo que presentamos a la Comisión en el tiempo que se dio y sin conocer el Expediente que llegó después de la Intendencia Municipal y que es importante marcarlo.

 

INFORME DEL FRENTE AMPLIO A LA COMISION INVESTIGADORA

DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE FLORIDA

Tema:

Denuncia de venta sin licitación pública de maquinaria vial municipal

Documentación estudiada

- Exp. Sumarial Municipal 3270/98

- Exp. Municipal 6477/96

- Comisión Investigadora JDF - Versión Taquigráfica 

La Denuncia

Esta se recibe como parte de los descargos del funcionario mpal.Joaquín Salazar recogidas en Exp.Sumarial 3270/98

En ella se denuncia la venta de maquinaria vial municipal sin la debida Licitación Pública por parte del Sr. Director del Departamento de Talleres y Depósitos de la IMF, Sr. Raúl Vega.-

Observaciones:

1 - Toda la maquinaria vendida en forma directa no fue parte de la Licitación Pública Nº 001/96

2 - Las diferentes tasaciones no incluyeron la totalidad de las maquinarias viales vendidas.

3 - Referido al precio de venta final :

            a - se perdieron U$S 45.000,oo aproximadamente.

            c - Se vendieron máquinas que al no estar tasadas no se puede saber su valor ( 1 motor Caterpillar 3304 con carcasa de convertidor)

            d - En el Resuelve final del Intendente se acepta cobrar como precio de venta de la maquinaria vendida un valor menor, al ofrecido por la firma Dolisur S.A.

            Esto para que quede claro, es cuando la última Resolución del Intendente Municipal ante la última oferta de Dolisur y el propio Intendente resuelve por menor valor.

 

4 - De acuerdo a las declaraciones vertidas por el Ing.Oliver, a la Comisión Investigadora, las máquinas de referencia tienen el siguiente valor:

                                                                Nuevas                                                            Tasación

Trascavators                              U$S 100.000,oo                                     U$S 17.500,oo

Motoniveledoras                         U$S 120.000,oo                                     U$S 12.600,oo

Buldozer  D4D                           U$S 100.000,oo                                     U$S 12.600,oo

Pala o Retro                              U$S   60.000,oo                                     U$S 17.500,oo

Motor 330                                                         0,oo                                              0,oo

                                       Total: U$S 500.000,oo(apx)          Total:            U$S 78.000,oo

 

            O sea que la tasación se hizo por U$S 78.000,00, luego que el propio ingeniero Oliver bajó de su precio inicial que había tasado y estimó un 70% de lo valuado. Por ejemplo, un trascavator de U$S 25.000,00 a U$S 17.500,00 para hacer accesible la licitación, lo que fue una tasación de escritorio.

 

Valor de Venta total: según Resolución IMF 01.04.1997, el valor recibido por la venta fue de aproximadamente U$S 33.000 ,oo - Valor totalmente desproporcionado al valor de la Licitación aprobada

Conclusiones:

En General -

1 - Sobre la Venta de Maquinaria Vial Municipal - La IMF actuó ilegalmente, al vender bienes municipales, sin previa Licitación Pública, contraviniendo conscientemente las normas que regulan la venta de bienes del Gobierno Municipal (Art. 33 num.3 del TOCAF) al:

a - Vender sin llamar previamente a Licitación Pública, vulnerando el principio de igualdad de los posibles interesados.

b - No respetar los valores mínimos de tasación, pues el precio de la maquinaria vendida directamente no guarda una relativa relación con los mismos. Existe una diferencia sustancial.

2 - Sobre la rebaja del precio ofertado por Dolisur S.A. - El Departamento de Talleres y Depósitos, desguazó en 69 días maquinaria vial municipal, en conocimiento de que la IMF estaba estudiando una propuesta de compra de Dolisur S.A., acción que rebajó en U$S 45.000,oo menos su valor, con el consiguiente perjuicio a las arcas comunales.

3 -Sobre  1 Motor Caterpillar 3304 con carcasa de convertidor - Se desconoce a qué valor se vendió, ya que el mismo nunca fue tasado por la IMF o el BROU.

4 - Sobre lo realmente cobrado por la IMF - La IMF aceptó por Resolución cobrar menos repuestos que los ofrecidos por Dolisur S.A. en su segunda y definitiva propuesta.

5 - Sobre el estado de la maquinaria vendida: De acuerdo a declaraciones del Sr. Carrosio, representante de la Empresa Dolisur S.A.(Acta CI 24.05.99) se puede inferir que 1 Trascavators Caterpillar 955 L estaba en un estado de fácil y accesible recuperación y lo cual nos indica que el informe del Sr.Director de Talleres (Of.103/96) no fue totalmente correcto y comprendemos el interés de la IMC en él (Acta de la Com.Asesora de Adjudicaciones IMF).-

Esto es porque cuando empieza el Expediente, la Intendencia Municipal de Canelones tiene interés en un trascavator, como informó el Director Vega en su momento.

6 - Eventual ocultamiento de pruebas - En el envío de los antecedentes a la C.I. se omitió la foja 51 vta.

Casualmente en dicha foja es donde se puede constatar la adulteración del acta de la Com. Asesora de Adjudicaciones.

7 - Se constató la falsificación de un documento público - Se adulteró el contenido del Acta de la Comisión Asesora en Adjudicaciones luego de firmada por sus tres integrantes con el eventual objetivo de adaptarla a las necesidades del negocio.(existen pruebas testimoniales y documentales)

Responsabilidades Personales

De lo expuesto anteriormente y de los testimonios y pruebas documentales recogidas por la Comisión Investigadora de la Junta Departamental, ha quedado demostrado que:

1 - a) - El Sr. Director Vega no vendió en forma alguna, maquinaria vial municipal como se denuncia en Exp.Sumarial Nº 3270/98.

b) - En toda su actuación referida al Expediente 0001/96 el Sr. Director Vega demostró un profundo interés en la concreción del negocio, siendo en los hechos quien mantuvo el contacto con el Sr. representante de Dolisur S.A. haciendo las veces de intermediario entre éste y la IMF, a pesar de haber negado, ante la Comisión Investigadora, el conocimiento de: las propuestas de Dolisur S.A., -luego nosotros con más precisión vamos a aclarar bien este tema  con la versión taquigráfica de la propia Comisión para no hacerlo tan extenso ahora-, del Sr.Carrosio, y de los vaivenes del negocio. (Actas CI de fechas 15.04.99, 24.05.99, Vega, Carrosio, Of.229/96 del 15.10.96)

Estamos convencidos que el Sr.Director Vega, mantuvo una participación activa en la tramitación del negocio y nos sorprende su negativa a aceptarlo, de lo que eventualmente se puede inferir que el Sr. Director pretende ocultarla, dejando dudas sobre cuál fue su  verdadero "interés" en el tema.

c) - Además el Sr. Director ha demostrado total negligencia al permitir que su Departamento desguazara maquinaria que era parte de la propuesta de compra de Dolisur S.A., ya que sabía sobradamente que la IMF estaba estudiando la venta, contribuyendo así a la pérdida de valor de la misma y por ende a la obtención de un menor precio al cierre del negocio.

2 -También se ha podido demostrar que el Intendente Municipal de Florida ha vendido en forma directa, sin la previa licitación pública y sin respetar los valores mínimos de tasación, maquinaria vial municipal, contraviniendo en todo las leyes que regulan esa materia, ocasionando así una grave pérdida a las arcas comunales, como su consecuencia concreta, aportando un grano más al abultado déficit fiscal del año 1997.

 

(OCUPA LA PRESIDENCIA EL SR. EDIL MOREIRA)

 

            Tema: Construcción de entrada a establecimiento propiedad del Dr. E. Silva.

            En este tema en concreto, no se constató que se utilizara maquinaria municipal en la obra de referencia ni mano de obra de la Comuna.

            Sí surge de las propias declaraciones del mencionado profesional, asentadas en Acta del 4 de mayo, que el balasto utilizado en dicha entrada fue donado por el Sr. Intendente Municipal Dn. Juan J. Amaro, utilizándose para arrancar el mismo maquinaria municipal, estimándose una cantidad de entre cuarenta y sesenta viajes de camión.(de 300 a 480 m3)

            También se constató la utilización de caños de hormigón en dicha obra, existiendo versiones encontradas en cuanto a la cantidad y el estado de los caños, siendo trasladados los mismos por el Sr. Sabbía en vehículo de la IMF.   Tema: Adoquines

            Respecto a la denuncia realizada con referencia al establecimiento del Sr. Tejera, no se pudo constatar la veracidad de la misma, encontrándose sólo una declaración de que se cargaron más adoquines de los efectivamente vendidos y cobrados por la IMF.

            Tema: Uso de camiones contratados por el M.T.O.P.

            En este tema, la denuncia era que se utilizaban camiones propiedad del Sr. Burgos, contratados por el M.T.O.P. para fines que no eran los especificados en el espíritu del convenio realizado (obras de vialidad ).

            Se comprobó que dicha persona tiene dos camiones contratados por el M.T.O.P., al servicio de la Intendencia Municipal. A través de declaraciones del Sr. Ing. Oliver, queda claro que ocasionalmente se utilizaron estos camiones para tareas diferentes a las antes mencionadas relacionadas con obras de vialidad, así como también otras locomociones que fueron utilizadas, facturándose los costos bajo las matrículas de los camiones registrados.

            Tema: Traslado de materiales de construcción a Balneario San Luis

Ante la denuncia de que el funcionario Cirelli trasladó en camiones fleteros, materiales de la Intendencia Municipal, para construcción de casa particular en Balneario San Luis, el mencionado acepta dicho traslado, alegando que los materiales fueron donados por la Intendencia. Al suceder estos hechos durante el período pasado, los mismos son de difícil comprobación, existiendo también contradicciones entre diferentes testigos.

            Tema: Utilización de materiales y maquinaria municipal en chacra de funcionario Cirelli.

            En esta denuncia, no se pudo comprobar la utilización de materiales, pero sí se comprobó la utilización indebida de maquinaria municipal, de acuerdo a distintas declaraciones.

            Tema: Construcción de tajamares en chacra del Sr. Edil A.Ferrari

Se comprobó la construcción de varios tajamares y otros trabajos realizados por parte de la Intendencia Municipal.

Contradiciendo declaraciones del Sr. Ing. Oliver, en Acta del 5/04/99 de la Comisión Investigadora, donde dice que se construyó un sólo tajamar en la chacra del Sr. Edil, el propietario de la chacra en cuestión y los funcionarios que trabajaron en el lugar, declaran que fueron cuatro o cinco los tajamares y algunos otros trabajos menores, argumentándose que estos trabajos fueron realizados bajo planes del Comité de Crisis por el tema de la sequía.

            Tema: Trabajos en Establecimiento propiedad del Sr. A.Leonardi

En este tema, la denuncia es que se realizaron obras de caminería, calzadas de paso de hormigón, tajamares tipo represa y otros trabajos.

En la investigación de la denuncia, por declaración de testigos (Acta del 10 de mayo de 1999) y visita al lugar, se constató lo siguiente :

            a) Construcción de más de tres kilómetros de caminería. b) Construcción de calzada de hormigón. c) Construcción de varios tajamares. d) Construcción de plataforma para el embarcadero y los corrales. e) En el establecimiento se arrancaron veinte troncos de pino y se colocó unos ochocientos metros cúbicos de tierra para nivelar el lugar.

            De acuerdo a declaraciones del Sr. Ing. Oliver, el camino y un tajamar fueron realizados a cambio de cuarenta mil metros cúbicos de balasto que serían utilizados por la Intendencia en caminería rural. Otro de los tajamares se construyó a través de un convenio de pago entre la Intendencia y el propietario del establecimiento, abonando el mismo 21 unidades reajustables. El resto de los tajamares, el mencionado Ing. argumenta que fueron construidos a través de convenios que la Intendencia instrumentó en la época de crisis por la sequía, en la cual el productor pagaba el costo del combustible y las horas extras y la Intendencia ponía la maquinaria.

El resto de los trabajos no fueron autorizados por el Ing. Oliver, según acta del 5 de abril de 1999.

De la documentación presentada surge que el convenio por los cuarenta mil metros cúbicos de balasto no se encontraba en el Registro Documental ni llevaba la firma del Intendente Municipal sino que sólo lucían las firmas del Ing. Oliver y del productor y se encontraba en el despacho del primero.

Asimismo es de hacer notar que en la nota presentada por el Sr. Leonardi inicialmente, se solicitaba a cambio del balasto la construcción solamente de un tajamar y el camino de acceso a las canteras, mientras que en la hoja del convenio se dice que la Intendencia construirá el camino de acceso a dichos padrones.

En las declaraciones del propietario del establecimiento y del Ing. Oliver, que dicen que el material de cantera contrapartida del convenio ya fue retirado casi en su totalidad de las tres canteras existentes, habiendo sido utilizado en diversas rutas, incluso la Ruta Nacional Nº 42, se contradicen con las declaraciones del Ing. Etchevers del M.T.O.P., quien dice que la Ruta Nacional Nº 42 nunca fue hecha por la Intendencia Municipal de Florida, ya que la misma es atendida por el Ministerio y últimamente por la empresa privada VIALSUR, contradiciéndose asimismo con las declaraciones de todos los buldocistas arrancadores de la Intendencia, realizadas a esta Comisión que manifiestan haber trabajado en solamente dos canteras, desconociendo una tercera, y que se arrancaron aproximadamente seis mil metro cúbicos de balasto, el que fue utilizado en su mayoría en el camino interior del establecimiento, manifestando también que la calidad del balasto era ordinaria.

            Conclusiones Tema Vialidad: 1º.- Se constató que luego de reunido el Comité de Crisis por sequía en el año 1997, el Intendente Municipal intenta ayudar a los productores, modificando la Resolución de la Intendencia Municipal que fijaba en 21 UR el costo para la construcción de tajamares, pasando el productor a cubrir el costo solamente de combustible y horas extra, pero al no ser bien instrumentada ésta medida, llevó al descontrol total por parte de distintas dependencias de la Intendencia, que al día de la fecha no se puede verificar dónde se aplicó la medida de referencia, ya que no existen planillas de control y ni siquiera el Sr. Director de Obras puede establecer los trabajos concretos que se realizaron, prestándose ésto a un mal uso de dicha medida.

            Como ejemplo, basta el pedido de informes contestado por la Intendencia el 15 de enero de 1999, donde figura sólo la construcción de 100 tajamares en apoyo al productor rural, mientras que al mencionado productor A.Leonardi, se le hicieron más de una decena por este sistema, al Sr. Edil Ferrari se le construyeron 5, etc.

            Nosotros tenemos el informe al cual le vamos a dar lectura en la otra parte, a los efectos de que a los Sres. Ediles le quede bien claro a lo que nos estamos refiriendo

2º.- Con respecto a la utilización de maquinaria municipal, también se constata que hay un total descontrol en el manejo de las mismas, siendo éstas utilizadas a criterio del funcionario, sin conocimiento de los responsables jerárquicos correspondientes.

3º - De acuerdo a declaraciones se constata el mismo descontrol con respecto a los materiales; ejemplos claros son la falta de buena administración de las canteras y del control de stock de adoquines y caños, etc..

4º - Ningún director de los involucrados se hace responsable de lo que ocurre, nadie controla, ni lleva la cuenta en forma pormenorizada de los trabajos realizados lo que ha permitido que todas las irregularidades mencionadas ocurran.

Responsabilidades personales en tema Vialidad.

En cuanto a la actuación del Sr. Director de Obras y Vialidad Ing. León Oliver podemos afirmar que en sus declaraciones ha pretendido inducir a error a esta Comisión Investigadora, ya que afirmó que en el caso de los trabajos realizados en el establecimiento del Sr. A. Leonardi se sacó equis cantidad de metros cúbicos de balasto de tres canteras y esto ha sido profundamente demostrado en contrario por las declaraciones de todos los funcionarios afectados a esas tareas.

También tiene el máximo de responsabilidad, dada su jerarquía, en el descontrol total sobre el uso de maquinarias y materiales de la IMF, pecando de negligencia en el ejercicio de su cargo directriz.

En cuanto al Sr. Funcionario Mpal. Joaquín Salazar, en su ex jerarquía como Director de Vialidad, podemos afirmar que siendo el responsable directo de las obras viales de la IMF, le cabe la misma responsabilidad que al antes mencionado Ing. L.Oliver, siendo su accionar irresponsable y negligente.

Constancia:

Se deja constancia que para el Frente Amplio esta investigación no está concluida, ya que faltan elementos fundamentales como: Contestación a pedido de Informes por  los que la IMF ha pedido dos prórrogas del plazo; Declaración de nuevos testigos referidos al tema Vialidad; profundizar la investigación en cuanto al eventual ocultamiento de la prueba y determinación de quien o quienes son los responsables de la adulteración de documento público mencionado, etc.

            Hasta aquí es el informe, vamos a hacer luego la intervención para aclarar estos puntos, tenemos material más que suficiente para hacerlo.-

 

 

            SR. PRESIDENTE.- Tiene la palabra el Sr. Edil Luis OLIVA.-

 

            SR. OLIVA.- Gracias Sr. Presidente: Antes de dar lectura al informe del Partido Colorado firmado por los Ediles Borgarelli, La Paz, Linares y quién les habla, queremos aclarar que este documento se elaboró en base a la información disponible en la Comisión Investigadora a la fecha 14 de junio del corriente. Creemos necesario realizar una aclaración respecto del Expediente de la IMF Nº 419/99 que sustancia la investigación administrativa encomendada por el Intendente a una comisión especial. Ese expediente no estaba en poder de los miembros de la comisión de la fecha de presentación de los informes y al mismo nos referiremos luego de dar lectura al informe del Partido, así como realizaremos otras consideraciones que se estimen necesarias. El Expediente 419 no altera básicamente las conclusiones de la investigadora ni eclipsa el largo trabajo realizado por los Ediles que concurrieron a la misma en sus 22 sesiones. Entonces vamos a centrarnos en lo específico y nuestro, en lo propio, a lo que pudimos arribar con nuestros elementos y que justifican el respaldo del Partido Colorado no sólo a la constitución sino al buen funcionamiento de la Comisión Investigadora.

 

 

 

 

 

INFORME DEL PARTIDO COLORADO A LA COMISION INVESTIGADORA

DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE FLORIDA

 

-INTRODUCCION-

1. Objeto de la Investigadora

El 5 marzo de este año la Bancada de Ediles del Frente Amplio solicitó al Cuerpo una Comisión Pre-Investigadora para el estudio de “irregularidades denunciadas en Expediente Sumarial Municipal Nº 3270/98”.

   La misma tuvo como documento de trabajo los descargos producidos con fecha 11 de febrero del corriente del funcionario Joaquín Salazar Hornos, quien el 4 de marzo autorizó a la Bancada del Frente Amplio “a utilizar públicamente fotocopia” de dichos descargos.

   El 11 de marzo de este año por unanimidad de Ediles presentes (29) se formó una Comisión Investigadora para estudiar el caso. Dicha resolución marcó un plazo de 60 días para que se expidiera el grupo asesor, pero se prorrogó dicho tiempo en dos oportunidades hasta llegar a la instancia presente de presentación de los informes.

   En este momento se presenta un informe respecto a la totalidad de las denuncias que formuló el funcionario en el capítulo 3 de sus descargos bajo el título “Análisis de temas que hacen a mi defensa y me retiran del encuadre de “chivo expiatorio”.

2. Metodología

   Para estudiar cada uno de los casos la Comisión procedió a solicitar documentación a la Intendencia Municipal en varias ocasiones. Además, citó funcionarios municipales, nombrados o que fueron nombrados por otros a lo largo de las entrevistas, e invitó a particulares a concurrir al seno de la Comisión.

   El análisis documental comparado y las entrevistas cerradas con formulario de preguntas fueron las técnicas que se utilizaron para la presentación de este producto. Preciso es señalar que se presentó como dificultad para la determinación de los hechos la falta conocimiento por parte de los Ediles de realidades que objetivaran los casos. A modo de ejemplo, se hizo una sola inspección ocular en un sitio sin asesoramiento técnico, cuando los Ediles ni siquiera somos idóneos en la materia que fuimos a observar. Por esta razón, los casos se elucidaron por confrontación y comparación de dichos, palabras y expresiones de los actores invitados y citados a la Comisión, careciendo la misma de elementos que rompieran las contradicciones de palabras que se establecieron.

3. Presentación de casos

   A continuación se presentarán cada uno de los casos siguiendo el orden impuesto por el denunciante. A saber:   

                        caso maquinarias

                        caso Leonardi

                        caso Ferrari

                        caso Cirelli

                        caso Burgos

                        caso Tejera

                        caso Silva

                        caso Urchitano

El método de exposición delimitará las denuncias, en base a los tres documentos que tuvo la Comisión con autoría de Salazar (descargos, vista y acta taquigráfica), detallará las actuaciones de la Comisión en el análisis de documentos y las entrevistas y concluirá dando una apreciación respecto a cada uno de los casos.

     La naturaleza de este informe es política. No es un informe técnico, ni jurídico ni que se aborde desde ninguna disciplina científica. La determinación de la verdad de los hechos (una relación de adecuación entre las palabras y la realidad) quedará a juicio de los Ediles integrantes de esta Junta Departamental. Nosotros presentamos una versión como seguramente presentarán otros Sres. Ediles.

3.1.Caso Vega

1.- Denuncia

1.a. Descargos

            En los descargos a folios 8 el acusador denuncia que el Director de Talleres vendió a una empresa de la ciudad de Montevideo maquinarias de la Intendencia. De las maquinarias mencionadas se hace hincapié en un traxcavactor que supuestamente subió marchando a la chata por tener el motor a nuevo. Esta transacción se hizo sin llamado a precios, ni licitación ni remate público.

1.b. Vista

            En esta instancia a folios 31 vuelto, desmiente su acusación de venta por parte de Vega a una empresa de Montevideo, reconociendo la existencia de una expediente y una licitación. Da cuenta del expediente en sus folios más importantes, y califica la licitación de "desastre". Refiere a un observación del Tribunal de Cuentas de fecha 14 de julio de 1997. Asegura que se vendieron dos máquinas con la tasación de una.

Respecto al estado de un traxcavactor señaló como testigo al mecánico Cabral.

1.c. Acta del 22 de marzo

            En las declaraciones testimoniales a folios 43 y siguientes, Salazar reitera conceptos que planteó en la Vista, asegurando que se trataba de máquinas en desuso en un 90%, pero un traxcavactor no estaría en desuso. A esta máquina se le habría hecho el motor a nuevo al final del período Brescia, siendo Director el Sr. Montero y Rodríguez Colombo el Director de Hacienda. 

1.- Actuaciones de la Comisión Investigadora

2.a. Sobre la venta de Vega a una empresa de Montevideo  de maquinaria municipal

     El Director de Talleres no vendió a título personal o individual, como se afirma la maquinaria en cuestión sin licitación,ni remate. Ello constituye una seria inexactitud, una afirmación temeraria y falaz del denunciante, que no pudo comprobar y que afecta directamente el buen nombre del Sr. Vega.

Las pruebas, más allá del reconocimiento de Salazar de su error en la Vista, están en el expediente 6477/96, fotocopiado y enviado por la Intendencia a la Investigadora. Las actuaciones administrativas relativas a la venta la maquinaria citada se encuentran debidamente documentadas en el Expediente Nro.6477/96 iniciado por una Nota del Director de Talleres con fecha 31 de enero de 1996 y finalizado el 16 de marzo de 1998, constando el mismo de 76 fojas.

Por lo tanto, desestimamos esta afirmación del denunciante por falsa.

     Esta venta, que ya hemos desmentido habría sido posible en la mente del denunciante porque no se habría llamado concurso de precios, licitación ni remate. En primer término, el concurso de precios como figura jurídica para el ingreso o egreso de bienes al patrimonio del Estado, no existe más por haber sido derogada la Ley 15903 y sustituida por los artículos 33 y 48 del TOCAF. Entonces, podemos afirmar que el denunciante comete un nuevo error por desconocimiento.

Respecto a la afirmación de que la transferencia del dominio sobre los bienes se hizo sin licitación pública, constituye un grave error. En efecto, como puede observarse a fojas 167 figura la resolución 6328 del 7 de junio de 1996 llamando a licitación.

2.b. Sobre el estado de un traxcavactor

     El denunciante pretende en base a la circunstancia de que uno de los traxcavactor subió al camión que lo transportaría a su destino con el motor en marcha. Para Salazar el mismo se hallaba en excelentes condiciones. Es un claro intento de demostrar la inconveniencia o falta de oportunidad de la transacción.

            Sin embargo, de acuerdo a las declaraciones y a los informes del departamento de Talleres esta maquinaria estaba en malas condiciones y era inconveniente una inversión para su reparación.

Véase, que desde la foja 154 del expediente, el Sr. VEGA plantea la necesidad de instrumentar un procedimiento de venta mediante licitación, entre otra maquinaria vial de 2 traxcavators 955.-

Volvemos a recordar un viejo principio jurídico " el que acusa tiene la carga de la prueba", no puede admitirse que Salazar diga que el traxcavactor subió marchando y que de ello se infiera que estaba en condiciones excelentes.

            En las declaraciones testimoniales efectuadas por el Sr. Vega, a folios 404 aclara que al momento de asumir en 1995 las máquinas ya estaban depositadas en Talleres, y no se encontraban en condiciones de operar según lo informado por los mecánicos. Se determinó que no ameritaban una reparación, dado el deterioro progresivo los inutilizaba cada vez más. Vega afirmó que era totalmente imposible recuperarlos. Respecto a los traxcavators asegura que estaban en Talleres desde principios del año 1994, considerando su estado general malo.

            El Sr. Montero, Director de Obras del gobierno de Brescia, afirmó en la Investigadora que las reparaciones de máquinas se hacían en Talleres y el encargado era Savioz. (folio 496). No recuerda ningún tipo de reparación grande o importante en un traxcavactor. A folios 497 Montero indica como responsable de las reparaciones nuevamente a Savioz y afirmó que el traxcavactor 955 era una máquina vieja.

            Por último, el testigo señalado por Salazar, Sr, Cabral, dijo que no estuvo en la entrega de las máquinas y sí asegura que un traxcavactor subió ayudado y en marcha y que no vio nada más de lo expresado. (folio 511). Respecto al motor indica que no tiene conocimiento de que lo hayan hecho a nuevo.         

2.c. Sobre algunos aspectos que surgen del llamado a licitación en Expediente 6477/96

     No se puede imputar responsabilidad por omisión o acción si no existe una norma jurídica vigente, obligatoria, integrante del derecho positivo vigente, que indique de manera preceptiva la conducta a seguir por parte del agente público en determinadas situaciones.

     En forma sencilla: “no hay delito sin previa ley que lo establezca”, no puede adjudicarse a un funcionario la responsabilidad de la infracción de  una norma cuando esa norma no existe.

No puede imputársele al Director del Departamento de Talleres la responsabilidad de haber omitido la tasación del 2do. Traxcavator, sencillamente porque tal función no forma parte del conjunto tareas inherentes al cargo de Director.

     La circunstancia de que en ocasiones anteriores similares a la sucedida, el Director se hubiese interesado en estos trámites habiéndolos promovido, no significa que los verdaderos responsables estén eximidos de aconsejar o sugerir la tasación de los bienes muebles que egresan del dominio patrimonial del municipio mediante la modalidad de la licitación o remate.

     Son responsables de sugerir o aconsejar las tasaciones, precisamente los funcionarios profesionales especializados en el ámbito de las Ciencias Jurídicas .

     Y esta afirmación no es caprichosa, pues precisamente es la Oficina Jurídica y los Abogados que la integran los que deben aconsejar y sugerir los procedimientos legales y administrativos al Sr. Intendente cuando se trata de licitaciones o remates para enajenar bienes muebles del municipio.

     Esta aseveración encuentra su fundamento en lo siguiente:

- El egreso de bienes muebles propiedad de la administración es un tema eminentemente técnico y del área específica del Derecho ya que los procedimientos están regulados por normas jurídicas que obran en el conocimiento y materia de los profesionales de la Abogacía.-

- En el T.O.C.A.F. se encuentran una serie de normas dispersas entre sus varios capítulos que exigen un gran esfuerzo de interpretación lógico- sistemático(método de interpretación de nuestro derecho positivo vigente),que sólo está al alcance de la comprensión de los profesionales del Derecho:

a) Normas para la adquisición o enajenación de bienes inmuebles.

     El art.36 del TOCAF estipula que para los casos de adquisición de bienes inmuebles,y que no se realice licitación, se deberá pedir la tasación de la Dirección de Catastro Nacional y Administración de Inmuebles del Estado.

     De forma que la tasación se debe realizar en forma preceptiva cuando no existe licitación.

     La norma está referida a bienes inmuebles, pero nada dice qué hacer en el caso de los bienes muebles(caso traxcavactor), pero colegimos que si el legislador excluyó a los bienes muebles fue por que no los quiso incluir.

     Esto queda planteado, mas bien como una duda y para hacer ver lo complejo del tema.

b)El art.38 establece que podrán permutarse bienes muebles o inmuebles cuando el valor de los mismos  sea equivalente.

     O sea que lo que la regla exige para autorizar la salida de bienes inmuebles y muebles del Estado, es que el valor de lo que sale sea equivalente al valor de lo que entra o ingresa al patrimonio.

     Ahora bien, el valor de los bienes parece que se pactaría entre los contratantes de acuerdo a los precios del mercado, Administración por un lado y personas físicas o jurídicas por el otro, pues no existe referencia explícita a la tasación.

c)El título II “Del patrimonio del Estado”,Capítulo I “De los bienes del Estado”,artículos 68 al  72 inclusive.

Esta parte del TOCAF se refiere a la regulación de los bienes del Estado que conforman el patrimonio y de cómo ingresan o egresan del mismo.

El art.71 se refiere exclusivamente a los bienes muebles y en una parte del extenso artículo se expresa que “los bienes muebles que por acción del tiempo u otros eventos quedaren o fueren declarados fuera de uso”... podrán transferirse mediante el acto administrativo que corresponda.

“La declaración de fuera de uso y el valor estimado deberán ser objeto de pronunciamiento por parte de organismos u oficinas competentes”

d)Normas sobre Remates

La licitación y el remate son formas de egreso de bienes muebles del patrimonio del Estado y la Ley Nro. 15.508 del 23 de diciembre de 1983 aparece recopilada en el libro “Manual de Contratación Administrativa” del Dr. Carlos DELPIAZZO como norma jurídica de fundamental importancia para la regulación de estos casos.

     El art. 2do. de la citada norma dice que, entre otras funciones, "los rematadores  o martilleros son los únicos facultados para efectuar ventas en remate público de cualquier clase de bienes, quedando asimismo facultados para tasar, informar o dictaminar sobre el valor venal o real de cualquier clase de bienes.”

El Decreto 495/84 del 7/11/1984 en su art- 4to. Reitera lo expresado en la ley antes mencionada.-

Nosotros  creemos que no se puede salir a imputar, a adjudicar responsabilidades, alegremente y muy sueltos de cuerpo basándose  exclusivamente en testimonios, costumbres o prácticas administrativas sin ningún sustento legal y que no constituyen fuente de derecho.

El procedimiento para tipificar una conducta infractora a un funcionario público es el siguiente:

1º-Para adjudicar la responsabilidad por omisión o una acción contra una norma, en primer lugar debe existir la norma que indique o postule una determinada conducta como obligatoria.

2º-Que esa obligación integre o forme parte de los deberes inherentes al cargo del funcionario imputado,

3º-Que surja probado que debió cumplir esa obligación y que no lo hizo.

Cabe entonces una pregunta: ¿A quién corresponde asesorar, aconsejar en esta materia compleja de trámites legales y administrativos de licitación y venta directa de bienes muebles?

Para contestar esta pregunta debemos acudir al Manual Descriptivo de Cargos de la Intendencia Municipal de Florida, aprobado por Resolución de Abril de 1997,porque en él se expresan, por lo menos las tareas esenciales, principales, que le corresponde ejecutar a cada funcionario según  su cargo y escalafón.

Precisamente en la pag.10 del Manual bajo el Título “ABOGADO” (Escalafón Profesional grado 9) en el Objeto del cargo se establece que le corresponde “asistir a la Intendencia en el ordenamiento jurídico y su aplicación”.

Luego se describen las tareas típicas que los profesionales en este cargo deben ejecutar y que son a título enunciativo y no taxativo como se explica en el prólogo del Manual:

“-Asesorar en materia jurídica a los jerarcas municipales,

-Brindar información al público en general sobre diversas normativas municipales,

-Realizar tareas de procuración.

 

Por su parte, las funciones nivel Directivo, que es el nivel del Director del Departamento de Talleres, se expresa que le corresponde básicamente:

-Planificar, organizar dirigir y supervisar las actividades de los distintos talleres, controlar los stocks de repuestos.

Las funciones de la Comisión Asesora de Adjudicaciones están previstas expresamente en el TOCAF en los Arts. 56 y ss., no estableciéndose nada respecto a la obligación de tasar sino solamente sobre dictaminar acerca de la oferta más conveniente en cada caso.

Concluimos que:

a. La supuesta responsabilidad del Director VEGA no existe por la argumentación expuestas y podrían existir otras.

b. La determinación del desuso de un bien mueble le corresponde a la oficina  u organismo competente (art.71 del T.O.C.A.F.), en este caso el Dpto. de Talleres y de Obras, aspecto que fue cumplido correctamente por estas unidades.

c. A quien le correspondía sugerir y aconsejar sobre los procedimientos legales y administrativos para tasar los bienes muebles, en este caso el 2do. Traxcavator, es sin duda la Oficina Jurídica, la que debió indicar que un rematador público, según el art.2do. de la Ley Nro.15.508 y Decreto 495/84 reglamentario, debía realizar esta actividad.

d. A quien le correspondía, de acuerdo a la naturaleza de las funciones inherentes al cargo y escalafón, dentro de la organización de la Intendencia, aconsejar y sugerir estos procedimientos legales y administrativos por estar en el ámbito de su competencia directa y de acuerdo a la naturaleza de los cargos, la materia a elucidar y a lo dispuesto en el Manual Descriptivo de Cargos vigente, a los Abogados de la oficina jurídica habría correspondido sugerir la tasación y en general la corrección de los procedimientos.

2.d. Otras conclusiones

Afirmamos:

1.  El deterioro de las máquinas justifica la oferta menor presentada por la firma Dolisur en segunda instancia.

2. Existen diferencias en los valores ofrecidos por la empresa entre la primera y segunda oferta por la sencilla razón de que la primera data del 19 de noviembre de 1995 y la segunda del 1 de abril de 1997.

3.Si hubo adulteración en el folio 51 vuelto del Expediente en cuestión declaramos la imposibilidad de investigar este hecho en la Comisión, salvo tenerlo en cuenta como un antecedente. Es importante recalcar sobre este aspecto, que la supuesta adulteración se torna absolutamente irrelevante cuando a fojas 60 del 6477/96, la Comisión Asesora de Adjudicaciones sugiere al Intendente adjudicar a Dolisur sobre la base de dos traxcavactors y demás maquinaria.

4.Se reconoce que se quitaron piezas de algunas máquinas siempre que pertenecieron al Municipio y no estaban adjudicadas.

5. Respecto a la observación del Tribunal de Cuentas, decimos que se refiere exclusivamente a que una vez frustrado el proceso licitatorio, al realizarse una adjudicación en forma directa, la Intendencia se apartó de las bases del pliego. Esta circunstancia se explicó a fojas 67 y 67 vta por la Comisión de Adjudicaciones.

Si el Tribunal de Cuentas realiza esta observación, siendo el órgano de contralor, y no encontró en el Expediente otros aspectos a considerar, y en vista de todo lo expuesto anteriormente, le restamos importancia a las denuncias sobre el particular.

3.2.- Caso Leonardi

1. Denuncia

1.a. Descargos

     En los descargos de Salazar a folios 9 indica que entre los años 1995 y 1996 con la autorización de Oliver se construyeron en el establecimiento rural del Sr. Ariel Leonardi 4 kilómetros de camino, calzadas de paso de hormigón, tajamares tipo represa, con maquinarias, camiones y materiales de la Intendencia. El propietario habría abonado 2 Unidades Reajustables (UR) por alquiler de dos días de bulldozer. El denunciante señala al Sr. Sabbia como testigo y especula que el costo de las obras ronda los U$S 50.000.

1. b. Vista

     En la vista (folio 30), el funcionario Salazar afirma que no hubo relación contractual entre la Intendencia y Leonardi, sino una simple autorización, se pregunta por qué el Intendente no firmó la misma, dada la magnitud del intercambio. Se trataba de 40000 metros cúbicos de balasto de las canteras de Leonardi a cambio de la construcción por parte de la Comuna de 3 kilómetros de camino y un tajamar.

En el mismo documento, Salazar asegura que se hicieron más de 15 tajamares, dos playas de estacionamiento (una en el embarcadero y otra en el casco de la estancia), calzadas de hormigón con caños de hormigón, extracción de troncos con bulldozer, extracción de tierra negra y tapado de zanjas.

Respecto a la calidad del balasto, sostiene Salazar que no cumple las exigencias del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP), Diprode y de la propia Intendencia. Según los operarios que trabajaron en esas canteras un balasto es barroso y el otro pedregoso. A modo de ejemplo señala que en el camino de Leonardi se debió acumular 3 capas de 25 centímetros de esos materiales para poder transitarlo.

Además, asegura que no se extrajeron ni 100 metros cúbicos y lo extraído no se utilizó en la Ruta 42 por ser de jurisdicción nacional y pertenecer al MTOP ni tampoco en Camino Prandi, dado que se extraía balasto de la cantera de Prandi.

Asevera Salazar también, que un documento del 2 de abril de 1998 donde Leonardi contrata un día de bulldozer por la suma de 21 UR no tiene su firma.

A folios 31 indica que Leonardi no entró en el Plan de Emergencia por la sequía (julio 1997), sino que se benefició a este productor antes y después de esa fecha.

1.c. Acta del 22 de marzo de 1999

     En las declaraciones vertidas en el seno de la Comisión Investigadora, registradas en acta taquigráfica de fecha 22 de marzo del corriente, en los folios 46 al 49, Salazar cuestiona el documento de autorización para explotación de cantera (folio 37) suscrito entre Leonardi y Oliver, por no tener la firma del Intendente. Dice que este tipo de convenios se hacen por la exoneración del pago de contribución inmobiliaria generalmente.

Agrega que la cantera no estaba abierta, que el volumen comprometido de 40000 metros cúbicos significaría 5 meses continuados de trabajo de bulldozer y podrían cubrir la distancia entre Sarandí Grande y Polanco. Además, lo extraído se utilizó solamente en el camino al casco de la estancia del productor y no en la ruta 42 y Camino Prandi como señala Oliver en los descargos que efectúa en la Intendencia.

Reitera que el material no es bueno y que la Intendencia no percibió ningún beneficio por ese intercambio.

A folios 48 dijo que se construyeron entre 15 y 17 tajamares, no en el plan por la sequía y que dicho plan consistía en un acuerdo verbal, no escrito, por el cual la Intendencia ponía las máquinas y los operarios y los productores el combustible y el pago de las horas extras. Reitera que no existía reglamento alguno para este plan.

Justifica los 4 kilómetros iniciales de camino al sumar los 3 km y medio de camino de acceso a la estancia y las dos explanadas. Asimismo repite la construcción de calzada de hormigón con caños del mismo material.

2. Actuaciones de la Comisión Investigadora

2. a. Existencia de convenio Leonardi - Intendencia

     El 21 de diciembre de 1995 el productor Ariel Leonardi ofreció a la Intendencia Municipal de Florida las canteras de balasto sitas en su propiedad de Camino Prandi para el mantenimiento de caminería rural durante el período 1996-1999. El volumen ofrecido de balasto es 40000 metros cúbicos y la contraprestación que se requiere a la Intendencia es la construcción de un tajamar y el camino de acceso a las canteras. Asimismo, Leonardi compromete un camión con volcadora de su propiedad para los embalastados.  Con fecha idéntica se llena el formulario de “Autorización para explotación de cantera por parte de la Intendencia Municipal de Florida”, ofreciendo Leonardi sus canteras por hasta 40000 metros cúbicos de balasto y en reciprocidad la Intendencia construiría el camino de acceso a dichos padrones. Figura la firma y el sello del Ing. Oliver debajo de la frase “aceptado por la IMF”.

 

     Esta relación entre un particular y la Intendencia Municipal de Florida es contractual más allá de las formas más o menos imperfectas en que se estableció. Hay dos tipos de contrato o convenio entre los particulares y la Intendencia en los casos de explotación de canteras. El primero refiere al intercambio de canteras por exoneración de contribución inmobiliaria y/o el tributo de patente de rodados. Este tipo de convenio forma expediente y pasa por las distintas reparticiones involucradas de la Administración para llegar a la firma del Intendente Municipal y el Secretario General. El segundo tipo de convenios o contratos es más sencillo y el caso que nos ocupa se enmarca en el mismo. Se trata de un ofrecimiento de canteras por la construcción de diferentes obras por parte de la Comuna donde lo indique el propietario de aquellas. Este tipo de convenios puede ser firmado por el Director General de Obras de acuerdo a la Resolución del Intendente Nº 5784, Expediente Nº 6636/96, donde la finalidad es lograr mayor eficiencia de la administración ante las necesidades de la población. Estas constataciones de la Comisión indican la existencia de un convenio entre la Intendencia y el productor Ariel Leonardi, sin la firma del Sr. Intendente pero con la firma autorizada por el Sr. Intendente del Director General de Obras y en el formulario diseñado por la Oficina de Racionalización Administrativa a tales efectos. Así se desestima la denuncia del funcionario respecto a la inexistencia de relación contractual entre las partes, la simple firma del Ing. Oliver y no la del Intendente. Además, carece de relevancia la afirmación de Salazar que indica la existencia de una simple autorización para la explotación de canteras por las razones expuestas. Es más, el mismo Salazar contradice sus propios escritos, dado que a folios 431 figura una planilla de viáticos por $ 6000 por concepto de “convenio vecinal Sr. Leonardi” que llenó y firmó el propio Salazar.

2.b. Construcción de camino de acceso

En su observación de fecha 7 de junio la Comisión Investigadora pudo comprobar que desde Camino Prandi hasta el casco de la estancia del Sr. Leonardi existe una distancia de 2700 metros, por lo cual es incorrecta la afirmación del Sr. Salazar respecto a la construcción de un camino de 4 kilómetros en la estancia de Leonardi. Aunque en declaraciones como la del Sr. Sabbía se estiran los argumentos para que la suma dé 4000 metros (folios 463 a 467), la Comisión comprobó por ella misma que el camino no tiene esa distancia y que, o bien el Director de Vialidad nunca midió el camino que supervisó para su construcción o que deliberadamente miente.

Otro aspecto a considerar es que el camino de acceso construido por la Intendencia sobre una plataforma ya existente según declaraciones de José Morán (folios 519 y 520), es camino de acceso a las canteras. Como pudo corroborar la Comisión, los tres primeros intentos y cateos de Salazar para encontrar balasto están pasando el casco de la estancia, una de las canteras efectivamente abiertas se encuentra a pocos metros de ese mismo sitio y la cantera principal de las que dan al frente del campo está a unos 1000 metros del casco. Es decir, se construyó un camino de acceso en cumplimiento de lo convenido con el productor para llegar a las canteras y también llegar al casco de la estancia.

Esta otra constatación da por tierra el argumento del acusador respecto a la construcción del camino de acceso.

2.c. Construcción de una calzada de paso de hormigón

     La adecuación del camino de acceso a las canteras, ya que quedó demostrada la existencia de una plataforma por el funcionario que dispersó el material sobre la misma, incluye de acuerdo a las expresiones del Ing. Oliver la construcción de una calzada de paso. Sería absurdo no haberla construido porque no hubieran tenido acceso las máquinas y los camiones de la Intendencia a las canteras. O una construcción defectuosa o barata podría haber terminado con algún accidente o destrozo de maquinaria de la Intendencia, dado el tráfico que supone el traslado de balasto desde la cantera a sus diferentes destinos. La calzada, preciso es señalar que se trata de una calzada y no calzadas, en plural como afirma por desconocimiento (cosa que no creemos) o por afán de mentir el Sr. Salazar en sus escritos, incluye por supuesto los caños. La Comisión pudo observar que se trata de una sola calzada en el camino de acceso, si bien hay dos. La otra puede haber recibido alguna reparación pero se percibe sin ser peritos en la materia su antigüedad, siendo imposible que se haya realizado en la fecha de la adecuación del camino de acceso. Por estas razones desestimamos la denuncia de Salazar en el punto.

2.d. Cantidad de canteras, calidad del balasto, metros cúbicos extraídos y destino del material

     El convenio entre el productor y la Intendencia señala un período de cuatro años (1996 a 1999) para la extracción de balasto de sus canteras. Desde la firma del convenio a la fecha podemos afirmar que se intentó abrir 3 canteras con resultados negativos, trabajo que supervisó Salazar, pasando el casco de la estancia. Asimismo, afirmamos que hay efectivamente tres canteras abiertas con diferentes potencialidades en la propiedad de Leonardi, de acuerdo a la observación del pasado lunes 7 de junio. Dos de ellas como indicábamos arriba se encuentran en el frente del campo y una al fondo del mismo. Es decir, tres intentos y tres canteras concretas.

            Sobre la calidad del balasto lo que puede hacer la Comisión es guiarse por sus intuiciones al haberlo visto en la observación del 7 de junio, confundirse con lo dicho por los operarios municipales, o escuchar la opinión de un experto en el asunto. Se puede afirmar que existen tres tipos de balasto en las tres canteras abiertas del Sr. Leonardi. Respecto a las calidades de los mismos, las opiniones nos enfrentan con un contradictorio. Mientras el propio funcionario que realizó los cateos, descartó unos lugares y eligió otros, nos referimos al entonces Director de Vialidad Joaquín Salazar responsable de dictaminar la calidad del material de esas canteras, afirma que los balastos no cumplen con las condiciones que exige el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, Diprode y la Intendencia de Florida (ver Vista a folios 30 y siguientes), nosotros nos preguntamos por qué entonces determinó que se podían destapar y abrir esas canteras. O era bueno el balasto y se convirtió a raíz de su instancia sumarial en malo o era malo desde el comienzo. Lamentablemente no se pudo saber nada hasta que el funcionario no hizo la denuncia en el segundo escrito, la Vista que presentó en la Intendencia y en la Junta. Si su responsabilidad en la determinación de calidades fue así durante sus 20 años de funcionario podemos encontrar una explicación entonces al mal estado que han tenido algunos caminos rurales del departamento.

Salazar cita palabras de sus otrora subordinados, quienes según él afirmaron que un balasto era barroso y el otro pedregoso. Oliver, cita un diálogo de Salazar con él y con el Intendente, en una visita a los caminos de la zona en cuestión donde el entonces Director afirmó que se trataba de “canterones” (ver Declaraciones de Oliver, folio 109).

Las opiniones de los que fueron supervisados por Salazar en el momento de explotación de las canteras indican que el balasto es “más bien malo” (Díaz, folio 511), “fino como arenilla y el otro grueso” (Oliva, folio 514), “jodido, embromado” (Roca, folio 516). Pero el Ingeniero Oliver, experto por su profesión liberal de Ingeniero Civil, aseguró que se trata de tres tipos de balastos, uno fino, uno grueso y uno medio, lo cual permite una combinación perfecta para su utilización en obras de caminería, por disponer de variedad en una distancia corta (ver Declaraciones de Oliver, folios 580 a 585). Si tenemos en cuenta que los funcionarios declarantes no son expertos en calidad de balasto y en muchas ocasiones no tienen siquiera conocimiento del destino final que tiene el material que extraen, podemos concluir que la variedad de balastos y sus diferentes calidades posibilitan un trabajo en caminería más efectivo que si se tratara de un solo tipo de balasto. La Comisión no realizó ninguna consulta a otro profesional más que a Oliver y en ella misma ninguno de los Ediles tiene conocimientos en la materia, ni se llevaron profesionales idóneos en la materia para la inspección como se barajó en un momento, ni se extrajeron muestras para ser analizadas en algún laboratorio especializado. Por estas razones, desestimamos la denuncia del Sr. Salazar respecto a la calidad del balasto.

            Sobre los metros cúbicos extraídos de las tres explotaciones las contradicciones están a la orden del día. Mientras Salazar en la vista asegura que no se extrajeron ni siquiera 100 metros cúbicos se contradice de modo evidente con su afirmación respecto a la mala calidad del balasto al decir que se tuvieron que compactar 3 capas de 25 centímetros cada una en el camino de acceso a las canteras. Este trabajo supondría una cantidad algo superior a los 100 metros cúbicos indicados. El testigo principal que cita Salazar en sus escritos contradice al acusador en tanto a las cantidades. Sabbía en sus declaraciones del 5 de mayo, folios 463 a 467 afirma que se extrajeron unos 7000 metros de balasto de las canteras. Si a esta cantidad sumamos los 3500 metros arrancados por Díaz (folio 511), los 2000 metros arrancados por Oliva (folio 514) y los 500 metros de Roca (folio 516), tenemos una cantidad de 13000 metros cúbicos de balasto arrancados en un breve lapso, dado que estos operarios trabajaron en las canteras el que más 20 días y el que menos 2 días. Este lapso tan exiguo en comparación con los 4 años que prescribe el convenio no permite a los operarios tener una perspectiva total de la cantidad de balasto arrancado en las tres canteras.

Nos asombra también que Salazar no se haya dado cuenta de la extracción de estos 13000 metros cúbicos en los primeros tiempos de la explotación. O lo desconocía o sus dichos no se ajustan a la verdad. Asimismo las afirmaciones de Oliver el 24 de mayo, recogidas a folios 580 al 585, indican que desde la apertura de las canteras al presente se deben haber extraído unos 50000 metros cúbicos, razón que justificó con argumentos certeros y matemáticos ante la comisión. El propio Leonardi asegura que se deben haber ya superado los 40000 metros cúbicos acordados ya que se ha extraído balasto desde el comienzo del trato (folios 444 y 444 vuelta). Por estas razones, y teniendo en cuenta la inexistencia de conocimientos técnicos específicos de los miembros de la Comisión (más allá de la observación en el lugar de las canteras y la constatación de la magnitud de las mismas), la ausencia de un asesoramiento profesional salvo las declaraciones de Oliver, la falta de perspectiva temporal de los operarios y las contradicciones entre el acusador y su principal testigo, desestimamos la denuncia formulada respecto a cantidad de balasto extraído de las canteras de Leonardi.

     Respecto a los destinos de los volúmenes de balasto extraído, las contradicciones e inexactitudes entre los dichos del acusador, de su testigo y los otros declarantes nuevamente afloran. Salazar asegura en la Vista que no se utilizó el balasto para reparaciones y mantenimiento de ruta 42 y Camino Prandi, la primera por ser de jurisdicción nacional y por ende pertenecer al MTOP y el segundo porque supuestamente se arrancaba balasto de la cantera Prandi, cercana al predio de Leonardi. Según el acusador y el Sr. Sabbía, el balasto se utilizó exclusivamente en el camino de acceso a las canteras. Sin embargo, las declaraciones de Oliver el 24 de mayo indican que se utilizó el balasto en el camino de acceso a las canteras, en la reparación y mantenimiento del Camino Prandi, en la Ruta 42 y en el Camino del Lavadero a Polanco. (folios 580 a 585). Afirmó que la Ruta 42, a pesar de ser de jurisdicción nacional y pertenecer en parte al MTOP y en parte a Diprode, fue trabajada por la Intendencia ante la solicitud de los vecinos de la zona al Sr. Intendente. Sobre Camino Prandi y el Camino del Lavadero a Polanco, la Intendencia directamente cumplió con sus obligaciones de mantenimiento de la caminería. La Comisión pudo constatar el buen estado de estas vías de comunicación, hechas según el Director General de Obras con el material extraído de las canteras de Leonardi. La objeción que puede formularse a las afirmaciones de Oliver se encuentran a folios 502, declaraciones del Ing. Echeverz, quien señaló que en la ruta 42 no trabajó la Intendencia. Una lectura detenida de los dichos de este profesional en la Investigadora nos mostrará que o no recuerda o promete entrega de documentación para más adelante ante la mayoría de las preguntas. No sería extraño que también haya olvidado los trabajos de la Intendencia en la ruta de referencia.

Otro asunto a considerar es que la cantera Prandi cerró su disponibilidad para la Intendencia, al no permitir la apertura de un nuevo frente. La Comisión comprobó, al menos de paso, que esa cantera tiene ya un buen tiempo de no utilización. Entonces nos preguntamos ¿de dónde sale el balasto que se utiliza en los trabajos de las rutas que la misma Comisión recorrió si no existen otras canteras disponibles en la zona? Obviamente para tener el buen estado que demuestran, permitiendo velocidades de 80 Km a la hora por lo menos, deben ser tratadas con buenos materiales y suficientes cantidades. Por estas razones, desestimamos las denuncias de Salazar en el caso.

 

 

            SR. PRESIDENTE.- Sr. Edil OLIVA, le solicita una interrupción el Sr. Edil Duman LA PAZ.-

 

            SR. OLIVA.- Se la concedo.-

 

            SR. PRESIDENTE.- Puede interrumpir el Sr. Edil LA PAZ.-

 

            SR. LA PAZ.- Solicito un cuarto intermedio de cinco minutos.-

 

            SR. PRESIDENTE.- Se pasa a votar la solicitud de cuarto intermedio. Por la afirmativa.-

            SE VOTA.-

            AFIRMATIVA - MAYORIA (20 en 24).-

 

(SE CUMPLE)

 

(VUELTOS A SALA)

 

 

            SR. PRESIDENTE.- Habiendo número se levanta el cuarto intermedio. Tiene la palabra el Sr. Edil URTI­AGA.-

 

            SR. URTIAGA.- Solicito autorización a la Mesa para que el Sr. Edil OLIVA me ceda el uso de la lectura del informe, por ser muy extenso.-

 

            SR. PRESIDENTE.- Le concedemos la autorización.-

 

            SR. URTIAGA.- Lee: "  2.e. Construcción de plata­formas

            Salazar denuncia como irregularidad la construcción de dos explanadas o dos playas de estacionamiento. El testigo Sabbía afirmó que se hicieron dos explanadas, una de 12 hectáreas (sic, en Declaraciones del 5 de mayo, folios 463 al 467) a la entrada del embarcadero y otra en una curva de 90º antes de llegar al casco de la estancia. El funcionario José Morán explicó que desparramó material en la plataforma del embarcadero, corrales y tubo, así como en el espacio entre galpones y demás construcciones del casco. (folios 519 y 520, Declaraciones del 10 de mayo). El Ing. Oliver especificó que las explanadas son dos o tres viajes de balasto que se esparcen en un lugar, en sus declaraciones del 5 de abril.

La Comisión en su observación del 7 de junio comprobó que Sabbía no dijo la verdad cuando señaló la explanada en la curva de 90 º existente antes de llegar al casco, dicha explanada no existe. Asimismo entre las construcciones hay balasto que se compactó con la acción del tiempo pero no podemos afirmar que sea una explanada, así como tampoco tiene 12 hectáreas (una cifra disparatada) la compactación de balasto en el embarcadero, a la entrada del establecimiento. Por estas razones se desestima la denuncia formulada por Salazar, quien por sus funciones debe haber supervisado estas construcciones que ahora magnifica.

2.f. Construcción y reparación de tajamares

     En este punto el denunciante tampoco es muy específico y sus argumentos avanzan a medida que debe ir presentando escritos en la Intendencia o habla con los operarios que realizaron las obras y se informa de lo que debería haber sabido de acuerdo a las exigencias de su cargo presupuestal. Afirma que se construyeron unos 15 tajamares en la propiedad de Leonardi en la vista y en la Investigadora dijo que eran entre 15 y 17 tajamares, mientras en los descargos decía sencillamente tajamares tipo represa. Esta confusión del denunciante, que ni siquiera sabe cuántos tajamares se hicieron concretamente llenó de incertidumbres nuestra investigación.

De los testimonios y documentos colectados podemos decir que se construyeron 9 tajamares de diferentes tamaños a nuevo y se repararon 6 tajamares ya existentes. El funcionario Díaz, folios 511 aclaró la construcción del mayor de los tajamares, con una taipa de 80 metros en el año 1996. Este tajamar corresponde al convenio suscrito con la Intendencia. Otro tajamar se justifica en el alquiler de un bulldozer por un día a un costo de 21 UR abonados por Leonardi el día 2 de abril de 1998, con copia a folios 87. El resto se enmarca en el Plan de Emergencia surgido por los efectos de la sequía en Casupá. Allí se acordó que la Intendencia de Florida pondría a disposición de los productores del departamento maquinaria y personal a cambio del pago de horas extras y combustible utilizado para el mejoramiento de sus aguadas y la construcción de nuevos depósitos hídricos.

Por estas razones, desestimamos la denuncia del acusador en este punto, porque Leonardi acordó de diferentes maneras con la Intendencia la construcción y reparación de sus aguadas.

Podemos afirmar que Salazar sí dice la verdad al asegurar que el Plan de Emergencia de ayuda a los productores por la sequía careció de un respaldo escrito y formal, pero él no lo indicó tampoco a su debido tiempo, siendo que controló, supervisó e informó a sus superiores respecto a las obras realizadas en ese tenor (ver Folio 82).

2.f. Pagos realizados por Leonardi

            A folios 9 Salazar afirma que Leonardi no abonó a la Comuna más que 2 UR por todos los trabajos realizados. Esta afirmación la contradice en la Vista cuando asegura que por el documento del 2 de abril de 1998 Leonardi abonó 21 UR. A ello se suma lo expresado por el Sr. Sabbía, quien reafirma la existencia del documento por el pago de 21 UR, y que Leonardi no pagó nada más a la Intendencia, todo fue por la Intendencia. (ver Declaraciones de Sabbía, folios 463-467). Estas afirmaciones no se corresponden con las expresiones de Oliva, Roca y Morán, quienes reconocen que Leonardi pagaba horas extras y combustible. Un análisis detallado muestra que por este concepto (horas extras y viáticos) Leonardi abonó $ 15.060 de acuerdo a la documentación que presentó y que referimos a la Junta:

- Los folios 428 al 443 son fotocopias de documentación proporcionada por Leonardi al concurrir a la Comisión Investigadora. Del detalle surge:

Folio 428, fecha 24.4.98, recibo de $ 1000 a Salazar por concepto de adelanto.

f. 429, sin data, recibo por $ 840 a Oliva por 28 horas extras.

f. 429 vuelta, detalle de las horas extras pagadas.

f.430, sin data, pago de $ 930 a Oliva por 31 horas extras.

f. 430 vuelta, detalle.

f. 431, planilla de viáticos por $ 6000 por “convenio vecinal Sr. Leonardi” firmado por Salazar.

f.431 vta. recibo por $ 6000 firmado por Sabbía.

f.435, 6.4.97, pago a Roca de $ 800 por horas extras en bulldozer.

f.436, sin data, pago a Oliva de $ 930 por horas extras.

f.436 vta, detalle.

f.437, sin data, pago a Oliva de $ 765 por horas extras.

f.437 vta. detalle.

f.438, sin data, pago a Oliva de $ 375 por horas extras.

f.439, 22.12.95, pago a Oliva de $ 765 por horas extras generadas los días 16, 17, 18 y 19 de diciembre de 1995.

f.440, sin data, pago de $ 1125 a Oliva por horas extras.

f.440 vta, detalle.

f.441, 10.2.95 pago a Tabárez de $ 100

f.442, sin data, pago a Tabárez de $ 1430 por horas extras

f.443, detalle de horas extras de Tabárez.

En total el productor Leonardi abonó a los funcionarios municipales por concepto de horas extras y viáticos la suma de $ 15.060.

Resulta irrisorio y poco serio por cierto que Salazar denuncie el sólo pago de 2 UR o 21 UR según donde ubiquemos sus palabras cuando recibió $ 1000 por concepto de adelanto por comandar la obra que se estaba realizando. Además era el que decía quién y por qué cobraba. Más ilógico resulta que el Sr. Sabbía, quien firmó un recibo por $ 6.000 donde él tenía $ 600 por concepto de viáticos se olvide de los pagos efectuados por Leonardi.

En otro sentido, se puede afirmar que efectivamente por el alquiler del bulldozer Leonardi abonó 21 UR a la Comuna, que se suman al subtotal reseñado arriba. Si a ello sumamos la cantidad de balasto extraído, el camión con volcadora de su propiedad empleado en la adecuación del camino de acceso y el combustible aportado, tenemos que el Sr. Leonardi tuvo erogaciones de suma importancia en contrapartida por las obras realizadas en su predio por la Intendencia.

Asesorado por Salazar, Leonardi tuvo que discernir entre la exoneración de sus tributos de contribución inmobiliaria, unos 15 mil dólares anuales de acuerdo a sus propias expresiones (folio 444) y la construcción del camino y un tajamar. Entendió que la primera opción era un “abuso” por lo que se decidió por el camino y el tajamar.

Sobre la cifra de 50 mil dólares que habrían costado a la Intendencia las obras podemos concluir que se enmarcan en el plano de las inexactitudes y exageraciones mal intencionadas que abundan en estos escritos. De acuerdo a los cálculos del Ing. Oliver y según lo aprobado en la Junta en el Presupuesto municipal, un kilómetro de camino ronda los cuatro mil quinientos dólares, lo cual multiplicado por 2,7 y sumado a lo que se pueda haber hecho por el convenio es de modo palmario inferior a la exagerada cifra que utiliza el denunciante para impresionar a sus lectores.

Por estas razones, desestimamos las denuncias de Salazar en el punto y los dichos equívocos de Sabbía.

2.g. Una carta reveladora

     En el folio 434 y 434 vuelta figura una fotocopia de una carta de Salazar a Leonardi pidiéndole U$S 350 para la operación de su hija. Los términos que maneja dicen: “estimado amigo”, lo tutea “hablo con vos”, “un favor de amigo”, “de total confianza”, “es una joda grande”, “pensé en un amigo de confianza”. Le pide U$S 350, “pero me sirve lo que sea”. Remata la carta manuscrita con “cuento con toda tu confianza y pensé en vos como un amigo”. Está datada el 2 de febrero de 1996. Es significativo que Salazar menciona “un trabajo que me debían”, lo cual nos lleva a preguntarnos en qué trabajaba Salazar además de la Dirección de Vialidad de la Intendencia.  Pero no vamos a entrar en el mismo juego de las disgresiones e inexactitudes que el acusador plantea. Simplemente referimos el hecho.

Lo que sí nos sorprende es que Salazar no sólo cobraba su sueldo de la Intendencia por trabajar en el campo de Leonardi, sino que cobraba viáticos al productor por la dirección de obra, y encima se animaba a pedirle la nada despreciable suma de 350 dólares. Los argumentos lacrimógenos que esgrime para fundamentar el pedido no nos interesan, como tampoco si efectivamente Leonardi accedió a ese pedido. Lo cierto es que este funcionario se arrogaba la potestad de pedir plata al propietario del lugar donde trabajaba. ¿Sería ésta una práctica habitual del funcionario? No lo sabemos pero podemos establecer que este tipo de conductas no hablan bien de un director de la Intendencia de Florida. Todo lo contrario. No vamos a referirnos a los cambios de parecer respecto a las personas que tuvo el funcionario ya que no somos sicólogos, pero es importante dejar esto bien en claro, porque de la amistad y la confianza pasamos sin solución de continuidad a una denuncia pública.

Estamos seguros de haber agotado los argumentos para demostrarle a esta Junta Departamental que en este punto el funcionario Salazar no se ajusta a la verdad en sus denuncias, como tampoco su testigo privilegiado, el Sr. Sabbia.

3.3. Caso Ferrari

1. Denuncia

1.a. Descargos

     A folios 9 Salazar afirma que se construyeron 4 tajamares tipo represa en un establecimiento propiedad de Augusto Ferrari con retros y bulldozer de la Intendencia. Además que las máquinas municipales trabajaron meses allí y Ferrari sólo abonó a la Intendencia dos días por las máquinas. La autorización de los trabajos corresponde a Oliver, y según Salazar los trabajos costaron unos U$S 14000.

1.b. Vista

     En la vista, a folios 31, Salazar rectifica su denuncia. Dice que no se puede incluir a Ferrari dentro del tema crisis porque se le enviaron máquinas en diferentes fechas. Señala que trabajó una retroexcavadora 4 días, una pala cinco días y un bulldozer cinco días. Se construyó un tajamar tipo represa, varios atajes de cañada y 4 tajamares.

1.c. Acta del 22 de marzo

     En esta instancia y a folios 49 Salazar consigna que no hubo convenio con Ferrari, que fueron pala, retro y bulldozer. Las órdenes las daba el mismo Salazar y se mandó la maquinaria en tres oportunidades. Se hicieron varios tajamares, se atajaron varias cañadas y se hizo una calzada de piedra. Las horas extras y el combustible corrían por Ferrari.

2. Actuaciones de la Comisión Investigadora

2.a. Aspectos formales

     El Sr. Augusto Ferrari al concurrir a la Comisión Investigadora leyó una solicitud al Sr. Intendente firmada por su señora el día 21 de mayo de 1997. En la misma, único documento formal con que se contó en la investigación de este caso, se expone la situación creada por la ausencia de lluvias importantes en las pasturas y en las aguadas de los potreros, dos con carencias notorias y uno totalmente seco. Solicita al Sr. Intendente el envío de maquinarias y personal necesario para solucionar la situación. Dice conocer y aceptar que el pago de horas extras y combustible corre por el productor. Esta información se encuentra a folios 487.

     A folios 70, el Ing. Oliver narra en su vista en el Expediente de la Intendencia las medidas que se adoptaron en Florida a raíz de la crisis hídrica que afectaba la producción a nivel nacional. Afirma que el Comité de Crisis Nacional instó a todos los organismos del Estado para mitigar los efectos de la sequía y que la Intendencia de Florida llegó a un acuerdo: los productores recibían maquinaria y personal a cambio del pago de horas extras y combustible. Dicho Plan de Emergencia, como ya se ha referido en otros casos, no contó con documentación formal ni resolución escrita alguna, salvo el informe de Salazar de folios 82. A su vez el encargado de la coordinación y supervisión era el propio Director de Vialidad. Ferrari entró en el Plan de Emergencia y las obras que se construyeron o repararon en su propiedad no tienen documentación por la informalidad administrativa con que se trató el asunto. Ningún productor que haya sido beneficiado por el Plan de emergencia cuenta con documentación alguna. 

     Entonces es cierto que no hubo convenio formal y escrito con Ferrari, como afirma Salazar pero tampoco lo hay para ningún productor que se benefició con el plan y que coordinaba el propio denunciante. En este sentido parece absurdo que el denunciante no recordara lo que hizo en el año 1997 en el denominado Plan de emergencia y denuncie esas actuaciones como irregulares. Por estos motivos, desestimamos la denuncia en este punto.

2.b. Construcción y reparación de tajamares y atajos de agua

            El propio encargado de la coordinación del plan de emergencia no tiene claro cuántos tajamares se repararon o hicieron en la propiedad de Ferrari. Mientras en los descargos habla de 4 tajamares (folio 9), en la vista dice “un tajamar tipo represa, varios atajes de cañada y 4 tajamares” (folio 31), y en las declaraciones ante la Investigadora no precisa y afirma que fueron varios tajamares, varios atajos de cañadas e incluye un elemento nuevo: la construcción de una calzada de piedra (folio 49). Es decir que si hubo descontrol el encargado de controlarlo no lo hizo y aún al momento de intentar salir del encuadre de “chivo expiatorio” no maneja los datos con suficiente presteza y precisión.

            Para determinar la cantidad de tajamares no contamos con una información veraz, suficiente y concreta. Una manera de determinar la cantidad es sumar lo que dicen los funcionarios que allí trabajaron: Peruena menciona 2 tajamares nuevos (folio 485); Rodríguez dice que hizo 2 tajamares y reparó tres en una cañada (folio 486);  Roca explicó que hizo 3 tajamares nuevos chicos. La sumatoria da 7 tajamares nuevos y varias reparaciones. El Sr. Ferrari explicó que considera la construcción de 4 tajamares, que discriminó en 3 nuevos y uno reparado a nuevo, así como varias reparaciones de tajamares y entre 4 y 5 atajos de cañadas (folio 489). Nosotros entendemos que los funcionarios pueden tener razón, máxime cuando el propio Ferrari declaró que debieron volver a reparar lo que antes habían hecho, dado que las lluvias habían arrasado con su trabajo. Pero quién mejor que el propietario del campo puede saber la cantidad de obras que se hicieron en el mismo. Acaso la descoordinación y los recuerdos fragmentarios de los funcionarios podrán tener la precisión de quién recorre asiduamente su propiedad. Pero la cantidad de tajamares aunque pueda ofuscar algunos ánimos no es un asunto relevante una vez que se enmarcó el tema en el Plan de Emergencia y carecemos de información formal respecto a las construcciones y reparaciones. La Comisión no hizo una observación en el campo de Ferrari, razón por lo que deberá hacer fe a quien le parezca más adecuado para justificar la cantidad de las obras. Nosotros optamos por las versiones del propietario, más allá que en algún momento haya actuado en esta Junta como Edil, como bien lo recuerda el Sr. Salazar. A Ferrari lo benefició el plan de emergencia como a muchos otros ciudadanos, sin importar el color partidario que representan sino por hacer algo concreto y necesario en bien de la producción agrícola.

Desestimamos asimismo la construcción de la calzada de piedra, dado que ni los funcionarios ni Salazar en la Junta ni el propio Ferrari dieron cuenta de la misma.

2. c. Máquinas y tiempos

            Según el denunciante en los descargos retros y bulldozers trabajaron meses en el campo de Ferrari (folio 9); en la vista precisa más los datos: una retroexcavadora trabajó 4 días, una pala 5 días y un bulldozer 5 días. Se habrían enviado en diferentes fechas estas máquinas siendo el que las autorizaba el propio denunciante (ver Declaraciones de Salazar, folio 49). En esa misma instancia asegura que las máquinas las autorizó en tres oportunidades para ir a trabajar al campo del Sr. Ferrari.

El operador de la retroexcavadora Sr. Peruena no recuerda con precisión cuándo trabajó en la propiedad de referencia, alrededor de San Cono y dos fines de semana, señaló sin poder concretar tiempo y fecha. (folios 485). Rodríguez, encargado de la pala, dice que trabajó 5 días, a mediados de mayo de 1997 según recuerda (folio 486). Y Roca no pudo asegurar más que su trabajo un fin de semana largo entre fines del 97 y comienzos del 98 (folio 517). El mismo Salazar desmiente su denuncia del trabajo de meses como dice en los descargos, pero los mismos funcionarios desmienten el exceso de tiempo que señala el funcionario acusador. Es cierto que las máquinas fueron en diferentes ocasiones pero no se pueden precisar las cifras exactas que el denunciante pone en su vista. Por esta razón desestimamos la denuncia respecto al tiempo de trabajo.

En relación a las máquinas podemos confirmar que se trató de tres tipos: retroexcavador, pala y bulldozer. En ese aspecto Salazar no exagera, sino que se ajusta a la realidad. Pero olvidó señalar las reparaciones posteriores que realizaron las máquinas de la Intendencia por efectos de fuertes lluvias, asunto que el Sr. Ferrari aclaró en la comisión a folios 488.

2.d. Forma de pago

            El Sr. Salazar muestra flagrantes contradicciones respecto a los pagos que pueda haber efectuado el Sr. Ferrari. Mientras pone la sideral cifra de 14 mil dólares en los descargos frente a los dos días de pago por las máquinas que habría hecho Ferrari, en las declaraciones en la Investigadora aseguró que Ferrari pagó el combustible y las horas extras, aspectos que la señora de Ferrari reconoce y acepta en su nota al Intendente.

De todas maneras y para desmentir a Salazar los funcionarios reconocieron el pago de horas extras y combustible por parte del Sr. Ferrari: Peruena (folio 485), Rodríguez (folio 486) y Roca (folio 517). Además, el Sr. Ferrari detalló con fechas y precios a folios 488 los pagos efectuados:

$ 1000 a Rodríguez el 24 y 25 de mayo  de 1997 por horas extras;

$  300 a Rodríguez por horas extras el 29 de mayo de 1997;

$ 500 a Peruena por horas extras el 3 de junio de 1997;

$ 1240 a Peruena por trabajos el 24 de febrero de 1998;

U$S 100 a Roca por trabajos el 26 de setiembre de 1997, más $ 200 de propina.

Con este panorama concluimos que Ferrari pagó más de 4 mil pesos por concepto de horas extras, así como la totalidad del combustible que insumieron los trabajos. En tal sentido se desestima la denuncia de Salazar respecto al solo pago de un alquiler por maquinaria a la Intendencia.  

3.4 Caso Cirelli

1. Denuncia

1. a. Descargos

     A folios 9 y 10 Salazar realiza sus acusaciones en el caso Cirelli. Menciona una suspensión a Cirelli en este período por 5 días por el préstamo de camiones de la Intendencia fuera de horario en traslado de maderas de AFE a un predio particular en La Macana.

Denuncia la utilización de camiones fleteros de la Intendencia para el traslado de materiales municipales a una propiedad de Cirelli en el balneario San Luis, departamento de Canelones, tales como tablas, tablones, los cuales no sabe si devolvió en alguna oportunidad.

También denuncia el traslado y utilización de materiales municipales en una chacra propiedad de Cirelli en ruta 5, km 105, tales como postes, piques, alambre. Se construyeron tajamares, alcantarilla de entrada, etc. Todas estas acciones fueron habilitadas por autorización de Oliver.

b. Vista

     A folios 34, Salazar asegura que Cirelli reconoce haber llevado materiales municipales a su propiedad en San Luis en camiones fleteros de la Intendencia, en el período anterior como en el presente. Llevó además materiales en su trayller (tablas y madera de la IMF). No sabe aún si devolvió.

En el asunto de la chacra cuestiona las boletas presentadas por Cirelli en el entendido de no saber a quién pertenecen, que no presenta boletas de alambre y piques y que los 21 postes no dan para cercar toda la propiedad.

Respecto a la construcción de tajamares, dice que Cirelli reconoce haber utilizado un bulldozer de la Intendencia en horario municipal sin pagar horas extras. El bulldozer lo manejaba Walter Moreno y no dio la orden Salazar.

La retroexcavadora operada por Cono Flores y utilizada en la chacra de Cirelli no puede encuadrarse en el plan de emergencia ya que fue anterior a este. José Sabbía encontró en la chacra de Cirelli una motoniveladora operada por José Morán. Cirelli decía a Salazar que todos los trabajos estaban autorizados por Oliver.

c. Acta

     El 22 de marzo en sus declaraciones ante la Investigadora, el Sr. Salazar reitera a folios 51 y 52 las acusaciones contra Cirelli ya formuladas en los descargos y en la vista. Agrega que los traslados de materiales a San Luis fueron en 1992, 1993 y 1994, los trabajos en la chacra más recientes y los viajes de los fleteros fueron por amistad fuera del horario municipal y que aún le queda madera al acusado.

2. Actuaciones de la Investigadora

2.a. Traslados a San Luis – Departamento de Canelones

     Estos traslados no pueden haber sido autorizados de ninguna manera por el Ing. Oliver por la sencilla razón que no era Director de Obras en el momento en que se produjeron. Se trata de tres donaciones en tres años consecutivos (1992, 1993, 1994) de la administración Brescia al funcionario Cirelli, consistentes según sus propias palabras en 5 metros de pedregullo completo de río, 5 metros de arena y 5 metros de balasto respectivamente (ver Declaraciones de Cirelli, a folios 474). El Sr. Montero y Salazar habrían habilitado esta donación al funcionario, pero Montero dijo no recordar que se donaran materiales para particulares (folio 497). Entonces Salazar quedaría como quien autorizó esa donación. 

            Los traslados fueron en camiones que hacen fletes para la Intendencia Municipal de los Sres. Bertini y Barceló, fuera del horario municipal, por lo que no perjudicaron en nada a la Administración al trasladar esos materiales. A modo de complemento, dado que los traslados están fuera del contrato de esos particulares con la Comuna, Cirelli explicó que pagó combustible de los viajes, así como los peajes, pero que en ningún momento le cobraron estas personas lo que costaría el viaje a destajo por unirlos una relación de amistad que excede los límites del contrato temporal de aquellos con la Intendencia.

            A folios 475 reconoce haber llevado maderas de la Intendencia que Salazar le había prestado y que devolvió al capataz Carlos Cáceres.

     En conclusión de este punto decimos que el Sr. Cirelli fue beneficiado por donaciones de la Intendencia en la administración del Partido Nacional, y aunque el entonces Director de Obras no recuerde el caso lo confirmó el propio Cirelli. El traslado se hizo en camiones particulares, que contratan a la Intendencia sus servicios, pero fuera de horario de trabajo, por lo que la Administración no fue perjudicada. Asimismo, el traslado de maderas fue por autorización de Salazar y en el trayller de Cirelli, según las palabras de éste. Las mismas fueron devueltas y no encontramos elementos suficientes para darle importancia y gravedad a la denuncia del acusador.

2. b. Traslado de materiales a la chacra de Cirelli

            En este punto Salazar dijo una cosa en los descargos y otra en la vista, contestando a Cirelli. Como no pudo probar el traslado de postes, piques y alambres (folio 10), cuestiona las boletas que presentó Cirelli como pruebas de sus compras. Las mismas son, según el detalle:

A folios 417: boleta de Barraca Andresito, de fecha 9.12.96, por 1 litro de barniz y 5 kg. de cal en pasta. La segunda boleta es por 3 rollos de tejido de 1 metro de la misma barraca, la fecha 26.12.96. No tienen nombre de cliente.

A folios 418: boleta a nombre de Cirelli de 20.11.96 por rollos de alambre, alambre de rienda, galvanizado, 10 postes curados. La otra boleta es Barraca La Macana del 23.11.96 por 4 postes medianos y no tiene nombre.

Por último y a folios 419: boleta de Matra de fecha 2.4.97 por 7 postes, a nombre de Cirelli.

Los cuestionamientos a las boletas son por la cantidad de la compra, ya que según Salazar no darían los postes para cercar la propiedad y respecto a la ausencia de nombre del cliente en las que se mencionaron recién. Podemos aventurar, ya que Salazar también aventura defensas, que el predio del Sr. Cirelli necesitaba los postes que efectivamente compró y no la totalidad de postes que necesitaría para cercar toda la chacra. Algunos podrían estar en buen estado o regular estado y sólo eran necesarios los que adquirió Cirelli. Ese punto no podemos más que conjeturarlo.

En relación con las boletas sin nombre, sabemos que eso es una práctica usual en el comercio local. El grado máximo de esas relaciones de compra – venta imperfectas es que ni siquiera se dé boleta. No es el caso, pero salvo alguien paranoico estaría pidiendo la rectificación de las boletas de ese tipo cuando se guardaron en este caso por obra de la Sra. De Cirelli según aclaró él mismo en la Comisión. El afán del acusador en persistir en su denuncia más allá de las contradicciones o minucias en que incurre no tiene límites.

Esta comisión no encontró elementos ni para dudar de las boletas ni para asegurar que el Sr. Cirelli llevó postes, piques y alambres de la Intendencia. No hay elementos probatorios de tal extremo, por lo que se desestima la denuncia en este punto.

2.c. Construcción de alcantarilla de entrada

     En la vista de Oliver en el Expediente 3270/98 y a folios 71, asegura que en ningún momento autorizó la construcción de alcantarilla de entrada en la chacra de Cirelli. Ello es de fácil comprobación, dado que la misma estaba ya construida al momento de adquirirla el actual Director de Vialidad.(ver Declaraciones de Cirelli). Por este motivo y ya que no se tienen más pruebas del hecho, desestimamos la denuncia de Salazar en este punto.

2.d. Construcción de tajamares

            Este punto Salazar lo aclara en su vista (folio 34) al afirmar que Cirelli utilizó un bulldozer en horario hábil sin orden del entonces Director de Vialidad, una motoniveladora y una retroexcavadora.

El Director de Obras en su vista en Expediente 3270/98 dice que los tajamares de Cirelli se realizaron en el marco del Plan de Emergencia a que ya hemos hecho referencia. En sus declaraciones a folios 116, Oliver afirmó que los tajamares serían uno o dos, hechos en muy poco tiempo y en el marco del plan de emergencia.

     A folios 476 Cirelli afirmó ante la Investigadora que se hicieron dos tajamares. El primero en el marco del plan de emergencia, del que no tiene documentación (como no tiene documentación ninguno de los beneficiados por ser trámites informales y no escritos). La autorización vendría indistintamente de Salazar, Sabbía y Lapasta, quienes le habrían proporcionado el bulldozer por estar trabajando en la zona. El operario fue el Sr. Walter Moreno, quien a folios 518 afirmó que realizó limpieza de una zanja y construcción de una represa en la chacra de Cirelli en horario hábil. Por tal motivo y coincidiendo con Cirelli, no hubo pago de horas extras.

El segundo tajamar se hizo también en el marco del Plan de emergencia y Cirelli según sus propias declaraciones coincidentes con las del operario Cono Flores pagó las horas extras y el combustible que insumió el trabajo. (ver folio 476, Declaraciones de Cirelli y folios 521 y 522, Declaraciones de Cono Flores).

Hay un tercer trabajo que no menciona Cirelli y se trata de media hora de trabajo del funcionario José Morán para la hechura de una entrada a un tajamar que ya estaba construido (ver folio 520). Dicho trabajo fue en horario municipal, por orden de Cirelli según las expresiones de Morán y bajo la supervisión de Sabbía, quien en los dichos de Morán debería estar en conocimiento de la situación.

En conclusión se hicieron dos tajamares en el marco del plan de emergencia, sin documentación, porque dicho sistema no lo tuvo en ningún momento. Es problemática la entrada hecha por Morán, según sus dichos, pero se trata de un simple trabajo que podía realizarse en media hora, con lo cual, la magnificación del hecho puede llevar a hacernos perder una perspectiva objetivable en el informe. En su momento Sabbía no hizo denuncia alguna del asunto, por lo que al momento de testificar el hecho, su testimonio puede estar viciado de aversión a la actual administración por haber sido removido de sus funciones de Ayudante de Ingeniero. En tal sentido entendemos que hubiera sido conveniente la formulación por escrito de las solicitudes de Cirelli, aún y a pesar que el plan de emergencia no tuvo documentación formal, dado que se trataba de un funcionario municipal.

3.5. Caso Burgos

1. Denuncia

1.a. Descargos

     A folios 10 Salazar presenta a Burgos como funcionario de Antel, miembro de los cuadros del Sr. Intendente y propietario de una empresa de camiones. Asegura que el MTOP en un plan de colaboración presta a la IMF 3 camiones para trabajos: 1 de Burgos, 1 de Alonso y otro de Silvera. Afirma que Burgos tiene una sola matrícula registrada en el MTOP pero que trabaja con 4 camiones más para el acarreo de todo tipo de materiales cuando el Ministerio solo autoriza balasto. A modo de ejemplo dice que en la chata de Burgos se ha transportado portland, palcos para fiestas y el estrado de Soledad. Es decir, 5 camiones trabajaron y facturó una sola matrícula autorizada. Las planillas eran firmadas por Oliver y estaban en conocimiento Sabbía, Zócalo y Vega. Este último ordenó traslados de tinglados y tablas pasándose los kilómetros. De ello tiene conocimiento el ayudante de Oliver, Sr. Ruétalo.

1.b. Vista

     A folios 33 Salazar afirma que se ha hecho un uso indiscriminado de los camiones de Burgos: Ford 12 metros, Ford 8 metros, Austin 6 metros, chata 20000 kilos e Internacional 7 metros; este último es el único con la matrícula autorizada para fletar material vial, es decir balasto y arena, no tinglados, maderas, portland y palcos, como se hizo en la chata y el Ford de 12 metros.

Vega hacía las solicitudes conociendo distancias y destinos y la orden la daba Oliver. Este mismo hacía pasar los viajes de material no vial como balasto.

1.c. Acta 22 de marzo

     A folios 53 Salazar dice que los camiones de Burgos comenzaron por uno y terminaron por cinco a partir de las inundaciones de 1997. El trato era con Oliver. En el folio 54  asevera que los viajes de los camiones de Burgos siempre fueron autorizados por Oliver y reitera los conceptos de la vista ya señalados. Sabbía llegó a negarse a firmar planillas, como en el caso del estrado de Soledad, cosa que Lapasta pasaba a Zócalo para la firma con los kilómetros indicados. (folio 55).

Reitera que es un camión por empresa para cargar material vial, es decir balasto. Todos los camiones facturan por el único autorizado (folio 56).

2. Actuaciones de la Investigadora

2.a. Matrículas autorizadas

            En los descargos (folio 10), la vistas (folio 33) y en las declaraciones testimoniales, Salazar es coincidente en señalar 1 única matrícula autorizada por el MTOP para el Sr. Burgos. Afirma lo mismo que Salazar el Sr. Sabbía a folios 468.

            Sin embargo, la Vista de Oliver en el expediente 3270/98 a folios 71, sus declaraciones del 5 de abril ante la Investigadora (folios 116-118), lo dicho por Zócalo (folio 493), las expresiones de Echeverz (folio 499) y el análisis de las planillas proporcionadas por este profesional (folios 551-575)  indican la autorización para dos camiones, marcas Internacional modelo 68 y Ford modelo 79, con las matrículas 500738 y 500740 respectivamente. Por esta razón Salazar está en un error al repetir que Burgos tiene una sola matrícula autorizada para trabajar, sino dos.

2.b. Presencia de otros vehículos de Burgos no autorizados por el MTOP

     Salazar menciona 4 camiones en los descargos, 5 en la vista y 5 en las declaraciones testimoniales efectuadas en la Investigadora, como los otros vehículos que supuestamente trabajaban para la Intendencia y facturaban en el único(para Salazar y Sabbía) camión de la empresa Burgos.

     En la vista, Oliver (folios 71 y 72) señala que la empresa Burgos en casos aislados, puntuales y de emergencia (nótese la adjetivación restrictiva) por averías de las matrículas autorizadas, enviaba otros camiones para darle continuidad al servicio.

            En las expresiones vertidas  por el Ing. Echeverz a folios 500 y 501 afirma que el Ministerio no tiene modo de controlar si varias matrículas acumulan a las matrículas autorizadas. Además, que cuando el MTOP entrega el camión pierde el dominio sobre el destino del mismo. Ese control es de la Intendencia, asunto que no cuestiona dado que “es hasta de pronto algún derecho porque hay un convenio de por medio y simplemente lo que se hace es dar un recurso que después se descuenta” dice textualmente. Tener un control sobre camiones cedidos a otros organismos no es posible para el Ing. Echeverz. Aclaró que no tenía conocimiento de esta práctica de acumulación a las matrículas autorizadas.

            Zócalo da cuenta de la existencia de dos camiones trabajando siempre, y en casos de averías, Lapasta o Salazar eran los encargados de llamar el sustituto.( folio 494).

En vista de estas situaciones narradas por distintos actores involucrados en la denuncia, se concluye que también Salazar estaba al tanto de esta situación y recién la denuncia cuando le inician sumario administrativo.

Se comprueba también que efectivamente se hizo uso de otros vehículos que no tenían matrículas autorizadas pero fue en casos excepcionales por estar averiados y con la finalidad de darle continuidad al servicio, como es el caso del traslado de portland y las dimensiones de los palcos para las fechas patrias que no podían ser trasladados en otros vehículos.

Se interpreta que este uso es resorte exclusivo de la Intendencia según las expresiones del Ing. Echeverz, siendo que el camión contratado ya no responde al control y las órdenes de su organismo de origen sino al de su destino.

2.c. Materiales que pueden transportar los camiones cedidos por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas

            La denuncia del Sr. Salazar apunta a un mal uso de los camiones de Burgos en tanto a los materiales que se transportaban en ellos, siendo diferentes a balasto, lo único que se puede transportar en los descargos, pero no en la vista cuando ya agrega arena. El espíritu del convenio MTOP – Intendencia es colaboración en materia vial sea rural o urbana. Entonces se puede transportar todo tipo de materiales que tengan que ver con este objetivo: balasto, arena, tierra, gravilla, portland, varillas (ver Vista de Oliver, folios 71-72). No hay en el reglamento de destajistas según Echeverz una cláusula concreta que diga qué es lo que no se puede transportar en los camiones cedidos a la Intendencia. En ese sentido pueden llevar los materiales que enumeró Oliver y además máquinas y en algunos casos personal de cuadrillas. Este declarante señaló la imposibilidad del Ministerio de controlar esos camiones, el uso está entendido como una responsabilidad exclusiva de la Intendencia.

En este punto el análisis de las planillas aportadas por Echeverz son claras en tanto a lo transportado. Nos permiten asegurar que los materiales transportados en octubre, noviembre, diciembre de 1998 y enero, febrero y marzo del corriente son en su inmensa mayoría balasto, tierra, arena, escombros, troncos, el traslado de un tractor, gravilla. Estas situaciones se dan también con los otros destajistas, Sres. Silvera y Alonzo.

     Las planillas son elocuentes, por lo que la variedad de materiales a transportar es grande, siendo por ejemplo que el portland se puede transportar y hasta personal y máquinas. Además el control de la Intendencia responde a un uso y dominio sobre el bien. Solo puede controlar el que ordena realizar un trabajo y esta es la interpretación que hace la Intendencia del uso de los camiones que cede el MTOP. De hecho son camiones propios, aptos y necesarios para el servicio, que la Intendencia usa de un modo discrecional pero no abusivo. Quizás no sea la interpretación que pueda darle el organismo de origen ni otros Sres. Ediles, pero la ausencia de normas claras como es el caso del reglamento para destajistas, propio del Ministerio pero no vinculante para la Intendencia, nada dice de los materiales que pueden transportarse. No hallamos del estudio detenido de la documentación así como de las declaraciones, elementos que hagan suponer que estamos ante irregularidad alguna.

2.d. Cambios de categorías de descripción en las planillas y responsabilidades

            Las denuncias en este caso indican el cambio de descripción en la planilla que va al Ministerio para el pago del servicio que brindó el destajista. Salazar acusa a Oliver de firmar esas planillas con descripción cambiada. Afirma que están en conocimiento del tema Sabbía, Zócalo y Vega. A su vez éste habría dado orden para el traslado de tinglados. Agrega en las declaraciones en la Junta que Sabbía se negó a firmar planillas que decían balasto en lugar de decir que se había transportado un estrado (folio 55), firmándolo al final Zócalo al haberle pasado el formulario Lapasta.

     Oliver afirmó que Salazar autorizó el traslado de los palcos ante la solicitud de Vega. Esta actitud fue avalada por Oliver (Ver Vista folio 72) dado que lo necesario para el control que lleva de los transportes es la razón existente entre costo unitario por metros cúbicos sobre kilómetros transportados. El costo de los materiales transportados es el mismo indiferentemente de los materiales que se transportan en una misma distancia. Este razonamiento para la determinación del costo que significa cada mes a los efectos retributivos el camión destajista fue descrito por el Ing. Echeverz en términos similares (ver Declaraciones de Echeverz).

 Concluimos en este caso que el traslado de material que no entraría dentro de lo que se considera vial (por ejemplo el palco) se hizo por razones de servicio, razón por la cual la urgencia o la excepcionalidad eventual para el cumplimiento justificaría el uso. Pero respecto al cambio de la descripción no contamos con elementos como para confirmarlo ya que se trataría de una manera de describir el material no ajustada a la realidad de lo transportado para poder cobrar su servicio el destajista. De todas maneras esta empresa realizó una misión de servicio oficial y por lo tanto tiene absoluto derecho a cobrar por la misma. A modo de ejemplo y para no eludir responsabilidades, en los casos que se mencionan a folios 478 por Lapasta y a folios 406 por Vega, transporte de tinglados y de portland en una chata, fueron autorizados por Salazar. Así Vega afirma que él hacía la solicitud y Salazar disponía sobre sus recursos, entre ellos los camiones de Burgos, dado que Vega no puede dar órdenes y ser obedecido en una unidad presupuestal diferente, la 106 – Vialidad, donde el directo responsable es el Director de Vialidad.  Salazar no sólo tenía conocimiento de estos hechos y no los denunciaba cuando era Director como algo anómalo, sino que disponía el destino de los camiones y las cargas que llevarían, así como ordenar de forma verbal  (y por tanto incomprobable) a un capataz que justificara como balasto un traslado que era de material no vial y él mismo había autorizado (ver folio 494). Parece muy extraño que quien tiene un grado de responsabilidad elevada en el caso denuncie este hecho con posterioridad a la iniciación del sumario administrativo y no antes, y que en definitiva se termina denunciando a sí mismo como partícipe de un hecho que para él encuadra en una irregularidad, pero no para esta Comisión que comparte la interpretación de uso que hace la Intendencia sobre los camiones que le cede el MTOP.

3.6. Caso Tejera.

1. Denuncia

1.a. Descargos

     En sus descargos a folios 11 Salazar denuncia que el Sr. Tejera, propietario de un comercio en el kilómetro 98 de la ruta 5, compró 40 adoquines a la Intendencia, según formularios, pero le llevaron ½ camión de adoquines por orden de Oliver. El camión era de Burgos y el capataz actuante Lapasta. Para Salazar el costo de cada adoquín es U$S 2. Agrega que se le llevó todo el balasto para una explanada en dicho local comercial, así como una motoniveladora (que alquiló por una hora por Tejera).

1.b.Vista

     En la vista, folio 31, el Sr. Salazar rectifica el costo unitario del adoquín, afirmando que en Montevideo y Punta del Este pueden llegar a costar U$S 4. 

Explica el funcionario que el MTOP donó a la Intendencia 35 camiones de adoquines que fueron quitados del Puerto de Montevideo. El destino de esos adoquines era su utilización en obras municipales, tales como obras de arte en la Rambla costanera.

El Sr. Sabbía era el encargado de supervisar los viajes.

Salazar afirma que delante suyo el Intendente dijo a Oliver que no se podía vender ningún adoquín a nadie. (folio 32)

Comenta que los formularios de venta a Mora y a Tejera están firmados por Oliver.

Dice que siempre se entregaron adoquines de más, fuera de horario. Dice que en el caso que nos ocupa el operador de pala fue Alejandro Rodríguez, se llevaron los adoquines en el camión fletero de Neves y quien hizo cumplir la orden de Oliver fue Lapasta. (f. 32)

 

(OCUPA LA PRESIDENCIA EL SR. EDIL CAPOBIANCO)

1.c. Acta 22 de marzo

     En los dichos de Salazar recogidos en la versión taquigráfica del 22 de marzo del corriente, a folios 56,  indica que Tejera le pidió más adoquines a Salazar y que éste no se los dio.

Dice que el costo de los adoquines no está avalado por la firma del Intendente.

2. Actuaciones de la Investigadora

2.a. Costo unitario de los adoquines

            Las afirmaciones de Salazar son erróneas en tanto al costo unitario de los adoquines en la venta a particulares. Queda demostrado que el mismo es de 1 dólar y no de 2 dólares o más como menciona el acusador, al tener en cuenta los formularios de pago del propio Sr. Tejera, quien adquirió 40 adoquines y pagó 40 dólares y del Sr. Mora, quien por 100 adoquines pagó 100 dólares (ver folios 83 y 84)

En este sentido no se tienen como acertadas las apreciaciones de Salazar en el caso.

2.b. Origen y destino de los adoquines

            Esta Comisión pudo comprobar que los adoquines de la Intendencia tienen como origen o la extracción de cunetas de vías de tránsito como la Avenida Artigas o la donación del MTOP desde el Puerto. La finalidad de los adoquines es la construcción de obras de arte urbanas, como se puede apreciar en cada uno de los espacios públicos construidos por la Intendencia y la venta a particulares. Salazar a folios 32 cuestiona la venta a particulares basándose en una supuesta conversación del Intendente con el Director de Obras en su presencia, en la que el jerarca prohibía dicha venta. Salazar no prueba y tampoco es comprobable dicha conversación, por lo que nos remitimos a los hechos concretos: se vendieron adoquines a particulares y se llegaron a canjear con instituciones como el Proyecto Renacer por unas serchas (Ver Declaraciones de Oliver, 5 de abril de 1999, folios 119). Obviamente el Sr. Intendente estaba al tanto de estas ventas.

Por tales argumentos, desestimamos lo afirmado por Salazar en el punto.

2.c. 40 adoquines para Tejera

            El Sr. José Tejera necesitaba de acuerdo a sus dichos 37 adoquines para terminar un parrillero en el fondo de su comercio de ruta 5, km 98. Para ello recurrió a la Intendencia, solicitó a Oliver y Salazar la cantidad, llenó un formulario por 40 adoquines y pagó 40 dólares. Se los llevó un camión sobre una camada de arena y Salazar pasó por el lugar a preguntar si la mercadería había llegado en tiempo y forma. (Ver Declaraciones de Tejera, folio 497). Formalmente la Intendencia se desprendió de 40 adoquines a cambio de su precio, 40 dólares. Esto es lo comprobable, el resto son conjeturas o palabras que se contradicen con otras palabras.

            Si Tejera recibió más adoquines de los solicitados no fue por orden del Ing. Oliver, quien presentó copia de la orden de servicio indicando con claridad la entrega de 40 adoquines. El capataz actuante es responsable si se acepta la posibilidad de la entrega de más adoquines al tomar en cuenta las palabras del operario Alejandro Rodríguez, quien aseguró haber cargado más adoquines de los señalados en formularios por orden verbal del Sr. Lapasta. (folios 486). Este afirmó en la Comisión que ordenó cargar unas unidades de más entre 40 y 45 adoquines (folio 477)  

            Para concluir digamos que el Sr. Tejera aseguró que tiene más de 3000 adoquines desde hace tiempo, habiéndolos adquirido en el desarme de una estancia,  o habiéndolos mandado hacer a picapedreros, extremos que exceden los cometidos probatorios de esta Comisión, la cual no concurrió tampoco al comercio de la ruta 5.

            Si con esta denuncia Salazar pretendía inculpar a Oliver está en un error práctico. No es concebible que estemos perdiendo el tiempo por unos adoquines que obviamente el Director General de Obras no se dedicó ni se dedicará a contar por unidades personalmente para su entrega en ventas. Creemos que sus funciones son un poco más importantes y hacen relación con los reclamos que podemos escuchar en la mayoría de planteos de Hora Previa sobre caminería urbana y rural por ejemplo. Su orden fue clara y si se entregan más adoquines de los acordados no es su responsabilidad. Por esto no estimamos ni grave ni importante la denuncia de Salazar en el punto.

2.d. Expediente 0347/98

            Este documento está fotocopiado a folios 87 al 97. Desmiente categóricamente la acusación del denunciante respecto al transporte de balasto hacia la explanada del local comercial de referencia. Tejera había solicitado el relleno y enjardinado así como la colocación de artefactos de iluminación en ese predio pero fue acompañado por los vecinos Martín Varela, Daniel Díaz y Alba Sosa. Concluido el trámite ante el MTOP se presentan estos vecinos ante el Intendente con su solicitud, la cual es aceptada por el jerarca, donando 30 viajes de relleno para esa explanada.

Para el extendido de ese material Tejera alquiló una motoniveladora según el formulario que figura a folios 86. Por ella abonó 0,44 UR. Si se utilizó más tiempo del debido como insinúa Salazar, debería recordar que de acuerdo al Manual de Funciones de la Reestructura Escalafonaria le corresponde al Director de Vialidad el control de los convenios.

Por estas razones y documentos desestimamos por inexactas y tendenciosas las acusaciones de Salazar.

3.7.a. Caso Silva

1.- Denuncia

1.a. Descargos

     A folios 11 Salazar denuncia que por orden del Ing. Oliver se le construyó a la chacra del Asesor Jurídico del Intendente, Dr. Edgardo Silva, la entrada, con materiales, maquinaria y camiones de la Intendencia, sin abonar nada.

1.b. Vista

     A folios 32 vta. Salazar afirma que se utilizó maquinaria de la Intendencia en la entrada de la chacra del Dr. Silva (un bulldozer que arrancaba balasto en la cantera de Urdampilleta), 420 metros cúbicos de balasto de la IMF y 5 caños de hormigón de 0,60 m de diámetro. Estos últimos se sacaron de la rambla y se llevaron por Sabbía en un camión fletero municipal o simplemente de la Comuna a la entrada de esa propiedad. La orden fue de Oliver.

A folios 35 y contestando a la vista de Oliver asevera que el Sr. Urdampilleta mandó para el acarreo de balasto desde la cantera de su propiedad. Consultó al Dr. Silva por el celular del Sr. Lema, y el profesional le respondió que debía seguir el traslado porque había orden de Oliver. La cantera de Urdampilleta estaba entonces en convenio con la Intendencia. Satisfecho Urdampilleta por la información de Silva, continuó el acarreo, durante toda una tarde hasta las 21 horas y al día siguiente.

Fueron camiones particulares y Salazar estima que se hicieron entre 40 y 60 viajes y no 5 viajes.

            Asimismo dice que esa cantidad de balasto significaría $ 12.000  y no $ 6.000.

Agrega además que el presupuesto de 28 de julio de 1997 carece de firma y los trabajos se realizaron a mediados de ese mes.

1.c. Acta del 22 de marzo

     En el acta del 22 de marzo del corriente se recogen entre otras expresiones, las respuestas de Salazar respecto al caso que nos ocupa.

Reitera lo dicho en la vista  y se encuentran sus palabras en los folios 58 y 59.

Señaló que Urdampilleta había firmado un convenio de intercambio de cantera por contribución inmobiliaria del año 97 y entonces no concebía que se estuviera sacando balasto para un particular.

Los que arrancaban balasto eran Cono Morán e Israel Díaz. El palero era Alejandro Rodríguez.

Los camiones (dos) y la pala eran de Lema según Salazar (folio 59).

A folios 60 y 61 respondió afirmativamente a la pregunta de Riviezzi sobre los caños de 0,60 m de diámetro que se llevaron a la entrada de la chacra. Asegura que el pasillo de la Intendencia Oliver le dio la orden verbal a Sabbia para la ejecución de ese trabajo.

Asimismo dice no tener conocimiento respecto a otros trabajos en esa propiedad.

1.- Actuaciones de la Investigadora

2.a. Construcción de la entrada de la chacra de Silva

            La entrada de la chacra que administra el Dr. Edgardo Silva no fue construida por la Intendencia sino por una empresa particular, denominada Canteras Casile. Pertenece a los Sres. Carlos Lema y Arturo Ruy y en prueba de sus dichos el abogado presentó un presupuesto y estado de cuenta en hoja membretada de esa empresa con fecha 28 de julio de 1997. Es la explicitación escrita de un presupuesto con posterioridad a los trabajos, dado que si leemos con detenimiento el documento de folios 423, menciona “trabajos realizados”, es decir, ya hechos, no dice “trabajos a realizar”. Silva aseguró en sus declaraciones del 4 de mayo que trabajaron dos días dos obreros en la construcción de esa entrada y que fe de ello puede dar el capataz Lapasta, quien vio la maquinaria de Lema en esa propiedad.

Por estas razones estamos en condiciones objetivas de afirmar que la Intendencia de Florida no hizo la entrada de la chacra que administra Silva, que el Ing. Oliver no autorizó ningún trabajo en ella, dado que no se hizo por la Comuna ningún trabajo y que la denuncia de Salazar en este punto es absolutamente infundada.

2.b. Balasto para la entrada

            El balasto para la entrada de dicho predio rural fue solicitado por el Dr. Silva al Sr. Intendente en su calidad de contribuyente del departamento, recibiendo un trato similar a la solicitud de cualquier vecino. El material se extrajo de la cantera del Sr. Urdampilleta, sita en paraje La Macana, quien había convenido con la Intendencia un intercambio de canteras por construcción de aguadas. Es decir, al momento de extraer el balasto el uso de la cantera era de la Intendencia por el convenio y se disponía del material como propio (ver Declaraciones de Urdampilleta, quien interpreta de la misma manera el uso de la cantera, folios 462). De ahí que la observación hecha por el denunciante en tanto al balasto, (no todo el material que se utilizó) como de la Comuna, es acertado, pero olvidó decir que medió una solicitud al Intendente como la de cualquier vecino y tuvo una respuesta favorable. En este sentido podemos desestimar la denuncia en el caso. El balasto es un material que la Intendencia dona a vecinos para obras puntuales y por lo tanto gratuito. Sin embargo en el caso del Dr. Silva la gratuidad no fue tal, dado que la empresa que él contrató para la realización de los trabajos puso una pala y un camión. Esta situación atenúa aún más lo que puede haber costado para la Comuna esa donación, dado que los costos de cargado y traslado corrieron por el particular.

     Sobre la cantidad de metros cúbicos transportados los funcionarios Díaz y Morán (folios 412 y 541 respectivamente) dicen haber arrancado balasto y no haber visto camiones particulares en esa cantera. Sin embargo, Rodríguez, a folios 485 asegura que en la cantera de Urdampilleta trabajaron una pala cargadora y un camión de la empresa de Lema y Ruy. Estos datos los confirma Urdampilleta quien manifiesta que esos camiones trabajaron una tarde hasta entrada la noche y una mañana, habiendo llevado según sus expresiones unos 40 camiones de balasto. (folios 463). Estos datos la comisión no pudo confirmarlos por no contar con documentación que regule las donaciones de balasto, ya sean sus formalidades como la cantidad del mismo que puede llegar a recibir un contribuyente. Es decir, al no tener clara la norma, o no existir la misma, no podemos comparar una conducta concreta, ni mucho menos juzgarla como irregular o inadecuada, por lo que no nos parece de relevancia esta denuncia.

2.c. Caños

            La denuncia menciona 5 caños de 60 cm que se sacaron de la rambla con destino a la chacra de Silva por orden de Oliver. El principal testigo es Sabbía. Este señala una materia muy diferente a la expresada por Salazar, ya que serían 7 caños de 1,20 por 45 de diámetro, donados por la OSE y entregados a Silva por orden de Oliver. (folio 466)

            De boca del Ing. Oliver escuchamos que ninguna de las dimensiones de caños corresponde con los manejados por la Intendencia, cuyos diámetros son 30, 50 y 100 centímetros. El mismo folio 123 Oliver aseguró que él no dio orden alguna para esa donación y traslado, que ni siquiera conoce la entrada de la chacra de Silva (folio 122) y que este profesional nunca le solicitó esos materiales.

     Concretamente y de acuerdo a las declaraciones del Dr. Silva (folios 479 a 484), Sabbia le había dado los caños, asegurándole que podía dárselos por estar fisurados y ser de descarte, que entre tirarlos y dárselos prefería lo segundo. Mencionó como testigo al Sr. César Pérez, quien presenció ese diálogo y colocó los caños que pronto se rompieron, habiendo llegado uno ya roto al predio. Debieron ser reemplazados por los caños nuevos que Silva adquirió en el comercio de Norindal Amaya, probados con documentación a folios 422. Se trata de dos boletas de contado de la fábrica de artículos de hormigón de Norindal Amaya y Gladys Palavecino. La primera está datada el 21 de marzo de 1997 por la compra de 3 caños de 50 cm; la segunda se data el 2 de abril de 1997 y es por dos caños de 50 cm. Esta es una prueba documental que asegura la compra de caños por parte del Dr. Silva. No contamos más que con declaraciones testimoniales para probar la donación de caños, y podemos presumir sin temor a equivocarnos que la calidad de los mismos era de deterioro, dado que si fueran nuevos como dice Sabbía no hubiera tenido sentido la compra demostrada por boletas para su reemplazo. En este sentido, desestimamos la denuncia de Salazar y los dichos acusatorios de Sabbía, quien deslinda su responsabilidad de entonces achacándole la misma al Ing. Oliver.

3.7.b. Caso Urchitano

1.- Denuncia

1.a. Descargos

     A folios 12 Salazar denuncia que por orden del Ing. Oliver se envió balasto y maquinaria para el camino y la entrada de una propiedad rural del ex cónyuge de la ex Secretaria Comunal Mtra. Mariella Bruno. Se abonó un solo día de máquina.

1.b. Vista

     A folios 31 vuelta Salazar afirma que fueron más de 2 o 3 viajes de balasto los enviados a esa propiedad, como afirma el Ing. Oliver y que el material se extrajo de la cantera de Pérez Aldama. Remite  a las declaraciones testimoniales de Ocadio Fernández y Larramendi.

1.c. Acta del 22 de marzo

     En el acta del 22 de marzo del corriente se recogen entre otras expresiones, las respuestas de Salazar respecto al caso que nos ocupa.

Cita nuevamente a los Sres. Fernández y Larramendi, reitera la cantera de origen del material y aseguró que fueron unos cuantos camiones de balasto. (folio 59). Dice que el convenio fue por medio día de motoniveladora, que hubo dos o tres viajes de balasto autorizados pero fueron muchos más y que los trabajos se realizaron en horario municipal.

 

1.- Actuaciones de la Investigadora

   En este caso, la Investigadora no entró en detalle y lo único que tiene para analizar son los dichos de Oliver, su vista en la Intendencia y un formulario de alquiler de Nicolás Urchitano.

   De estos escasos materiales podemos afirmar que la afirmación de Salazar es errónea y malintencionada al decir el ex cónyuge de la ex Secretaria Comunal. Aunque fuera cierto que ese campo perteneciera de Ruben Urchitano, la forma de plantearlo deja claras pruebas de la finalidad política perseguida por el funcionario en sus descargos. La propiedad es de Nicolás Urchitano, no de Ruben Urchitano, lo cual suma una inexactitud más a las parrafadas del denunciante.

Según Oliver y a folios 123 la entrada al establecimiento de Urchitano tiene unos 800 metros. Si se tiene que cuenta el precio por perfilado que marca el MTOP, U$S 95 el kilómetro, a Urchitano el alquiler de la motoniveladora le costó más caro, dado que pagó al tipo de cambio de la fecha del convenio alrededor de U$S 150. Prueba de ese convenio es el documento que figura a folios 98, dando cuenta del alquiler por medio día de motoniveladora con fecha 24 de junio de 1997 solicitado por Nicolás Urchitano, así como del precio pagado: 10 UR. Cabe agregar que el convenio se cumplió una vez que las máquinas de la Intendencia estaban en la zona.

Además, es conveniente resaltar que en el tema balasto se dio el mismo tratamiento que a cualquier vecino que haga una solicitud.

De esta manera concluimos que no encontramos mérito alguna en ladenuncia formulada por el acusador.

 

Conclusiones generales.

De lo expuesto en las páginas anteriores, dando cuenta de cada una de las denuncias del funcionario Salazar, concluimos:

1. Las denuncias y la campaña difamatoria orquestadas por el funcionario Joaquín Salazar, actualmente procesado por el delito de conjunción de interés público y privado, y por su defensa, carecen de la importancia, la gravedad y la trascendencia que se le intentó asignar en un principio. El manejo de esa información tiñó de sensacionalismo el tratamiento que se le podría haber dado al asunto. Pero los apasionamientos por los fuegos de artificio fueron contrastados por un trabajo metódico de la Comisión para el establecimiento de la inexactitud de los dichos del funcionario.

2. La veracidad y autenticidad de las denuncias se ven gravemente afectadas por la siguientes razones:

a. La ausencia de pruebas que surgen de la investigación no confirman los hechos denunciados.

b. Eticamente es enjuiciable la oportunidad de la formulación de las denuncias, pues las mismas tienen lugar cuando el funcionario es procesado y sumariado. Salazar no atinó a hacer las denuncias cuando legalmente desempeñaba su cargo de Director de Vialidad. Es más, en todas las denuncias que formula termina teniendo grados de responsabilidad importantes, dándose la paradoja de terminar siendo acusado por sus denuncias.

c. No podemos tomar con igual consideración las denuncias que pueda formular una persona sin antecedentes que un funcionario público que confundió deliberadamente sus intereses con los de la administración, proclamando en sus escritos de descargos y vista la posible existencia de otros como él. La formulación de denuncias no quitó a Salazar del encuadre de chivo emisario o expiatorio, no pudo expiar sus propias culpas y responsabilidades generando otros chivos expiatorios como notoriamente intentó con el Ingeniero Oliver y Raúl Vega.

d. ¿Por qué motivo Salazar no hizo las denuncias en 1995, fecha de las primeros supuestos hechos? ¿Acaso le era conveniente mantener el silencio?

Creemos que el momento de formular las denuncias fue inoportuna, no cuando debía haberlas hecho, configurando ello un demérito para las mismas denuncias. 

3. Las denuncias formuladas por el funcionario en la evacuación de la vista tienen por objeto desprestigiar la imagen pública de la administración y la de otros funcionarios jerárquicos, acción que se realiza con un sentido político a fin de aparecer como víctima ante quienes deben votar una eventual venia de destitución.

Prueba de ello lo constituye el hecho de que con posterioridad al procesamiento e instrucción del sumario administrativo al funcionario Salazar, circuló un libelo, anónimo o panfleto por la ciudad de Florida con un contenido que coincide casi totalmente con las denuncias formuladas en los descargos del sumariado. No sólo circuló el anónimo sino que era faxeado, repartido en la mano, tirado bajo la puerta de domicilios particulares, difundido en carteleras de instituciones públicas y privadas con un claro propósito: el desprestigio político de la administración municipal y de algunos de sus funcionarios.

La similitud de contenidos entre los descargos y esa canallada informativa que constituyó el anónimo, nos lleva a considerar la calaña de las personas que tenemos delante y que por sus dichos y actitudes desprestigian sus propias denuncias.

De este foco generador de desinformación y por ende rumor, se hace eco con una finalidad aclaratoria la bancada del Frente Amplio en su escrito del 5 de marzo, a folios 1 del expediente, cuando justifica su pedido de conformación de una Pre-Investigadora. Textualmente: “Nuestra pronta intervención como cuerpo, significaría el fin de los comentarios periodísticos y de los rumores ciudadanos, beneficiando así a los eventuales involucrados...”

4. Se pretendió por parte del denunciante de invertir el principio de la presunción de inocencia. En el derecho penal y disciplinario existe una máxima que establece que toda persona es inocente hasta que no se prueba lo contrario. Dicho de otra manera, el que denuncia debe presentar las pruebas y no el acusado. Paradojalmente Salazar y su defensa realizaron graves acusaciones y debido al trámite sustanciado en la comisión, los funcionarios imputados debieron probar su inocencia con lo que se llegó al absurdo jurídico de invertir la carga de la prueba. Asimismo, debemos considerar las molestias y el daño en el honor de los denunciados por el actualmente procesado Salazar, situaciones que no son reversibles más allá de que nosotros no encontramos argumentos suficientes para comprobar las graves denuncias que guiaron nuestro trabajo.

Cabe agregar que alguno de los funcionarios dañados en su integridad moral han iniciado juicios penales contra el funcionario procesado.

5. Más allá de que la Junta comparta nuestro análisis podemos afirmar que las denuncias de Salazar no lo eximen de sus responsabilidades en el caso por el que se le inició el sumario administrativo y fue procesado por la Justicia. Es más, ese tema que en algún momento tratará la Comisión de Legislación y no consideramos nosotros en este informe por no mezclar temas, más la formulación de denuncias inexactas e infundadas, agravan la situación del funcionario.

6. La actitud del Partido Colorado en la Investigadora es digna de resaltar. Si consideramos que en otros lugares las Investigadoras no se forman por mayorías aplastantes de 16 votos que pretenden ocultar hechos o no habilitar vías formales para la documentación de los Ediles, lo actuado en esta Junta Departamental por el partido de gobierno es encomiable: no sólo votó la Investigadora, sino que apoyó todos los pedidos de documentación, citaciones, invitaciones y votó dos prórrogas cuando la resolución original hablaba de 60 días corridos para expedirse.

El hecho de poder presentar hoy los informes para las vistas y la decisión final del Plenario, es otro logro que habla bien del partido de gobierno. En otros períodos y en esta misma Junta las Investigadoras sobre temas algo más importantes que adoquines, balasto y algunos formalidades, naufragaban, no llegaban a término. El compromiso de los ediles colorados fue de investigar a fondo y presentar las conclusiones a los principales interesados, a los Ediles restantes y a la ciudadanía en general. El Partido Colorado no tiene nada que ocultar, nada que esconder, por eso su actitud franca en bien de la verdad y de la defensa del honor ante un ataque resentido de un funcionario infiel. En este sentido la Junta estará dando una excelente señal a la población del Departamento, indicando que aquí se trabaja con seriedad y no se manejan criterios demagógicos o de ocultación de la verdad.

7. Reafirmamos al fin, la naturaleza política de los informes que se presentarán a plenario, los de la oposición y también de éste. Esta circunstancia quedó en evidencia en la Investigación de cada una de las imputaciones concretas realizadas por Salazar, pues cuando las mismas eran desvirtuadas por los hechos se buscaban otras imputaciones y así sucesivamente. Prueba de ello es la confusión que entorpeció la labor investigativa de los Ediles miembros de la Comisión ante la aparición de elementos o contradictorios o ampliatorios o poco claros en cada una de las instancias verbales o escritas en que se expresó el funcionario Salazar. La materia política de contralor es la misión de la Junta, quien no puede determinar culpabilidades, responsabilidades, penas, delitos, asunto que compete a la Justicia.

8. Estos informes estarán disponibles en la Secretaría de la Junta para la consulta y vista de los interesados.

            Muchas gracias Sr. Presidente.-

 

 

 

            SR. PRESIDENTE.- Señores Ediles. Ha llegado una moción a la Mesa la cual corta el debate. Por Secretaría se le dará lectura.-

 

            SR. SECRETARIO GENERAL.- Lee: "Dado lo avanzado de la hora y teniendo en cuenta que la mayoría de los Ediles tenemos un día laborable, mocionamos que se entre en un cuarto intermedio hasta el día lunes a las 19:30 horas. Firman: LA PAZ, MUÑOZ, PELUSO, FRUTOS, LINARES, CAPOBIANCO, ERNAUT, PISTON y otros señores Ediles".-

 

 

 

            SR. PRESIDENTE.- Se está votando. Por la afirmativa.-

            SE VOTA.-

            AFIRMATIVA - MAYORIA (20 en 26).-

 

 

 

 

(SIENDO LAS VEINTITRES HORAS Y CINCO MINUTOS HORAS, DEL DIA DOCE DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE, LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE FLORIDA PASA A UN CUARTO INTERMEDIO HASTA EL DIA LUNES DIECISEIS DE LOS CORRIENTES, A PARTIR DE LAS DIECINUEVE Y TREINTA HORAS).-

 Fdo NOEL C. CAPOBIANCO Presidente MARTIN AMAYA Secretario General